El pasado 9 de abril, el juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, La Pampa dictó una sentencia inédita y alarmante: una docente, Ana Contreras fue multada con casi un millón de pesos y sancionada penalmente por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario.
Entre gallos y medianoches la cámara de diputados dio media sanción a la ley que declara a la educación como un servicio esencial, limitando el ejercicio de la huelga. La ley expresa dos cuestiones fundamentales, en primer lugar buscar quebrar la resistencia docente al ajuste gubernamental y al proyecto educativo que las clases dominantes buscar imponer y, al mismo tiempo, es un paso importante en legalizar un cambio de carácter de la educación que pasa a ser considerada una mercancía y no un derecho humano fundamental.
Mientras transcribíamos estas notas, la docencia santafecina entraba en su segunda jornada de paros por 72 horas semanales, después de casi 11 días de huelga. Frente a la dureza del gobierno santafecino, negándose a negociar y llevando adelante una política de chantajes y aprietes, digna de patrones de estancia; los y las docentes, lejos de retroceder, votaron democráticamente sostener el paro…
Mirando con atención el proceso abierto de huelgas y reclamos sindicales en la provincia de Santa Fe, que involucra a docentes y trabajadores estatales y forma parte de un alza en la lucha docente por salario y condiciones laborales a nivel nacional, publicamos este muy interesante texto de Walter Paoluzzi, docente de la provincia, que aporta al esclarecimiento del tema, sus antecedentes y perspectivas.
