En las últimas grandes crisis de la historia reciente argentina Acindar actuó como punta de lanza del gran capital contra el trabajo. Actuando en alianza con el Estado fue un actor fundamental en esta ofensiva sobre la clase obrera industrial de la región que pagó las consecuencias con vidas humanas, la precarización de condiciones laborales, la resignación de conquistas, la pérdida de derechos y un debilitamiento en su capacidad de resistencia.
Por Alejandro Morales Profesor de Historia y Comunicador Social
Cuando el 18 de marzo pasado la siderúrgica Acindar, propiedad de la multinacional ArcelorMittal, paralizó sus plantas fabriles hasta el 15 de abril la población supo que comenzaban tiempos difíciles. Según la gerencia, el motivo de la paralización estaba en la recesión económica y en el corte de la obra pública que provocaron el derrumbe de la demanda de manufacturas siderúrgicas y que llevó a la empresa a una caída de sus ventas en un 40 %.
El anuncio fue toda una noticia porque estamos hablando de un establecimiento industrial líder en la rama del acero a nivel nacional, que posee una frondosa historia y porque sigue teniendo una incidencia económica y social vital en Villa Constitución y los alrededores.
La acería abrió sus puertas en la década del 40 y la propietaria era la familia Acevedo. En el año 2008, la firma pasó a manos de la multinacional ArcelorMittal, un jugador central a nivel global en el sector siderúrgico. Hoy en día, en la Argentina el monopolio es dueño de 4 plantas, ubicadas en Villa Constitución, en San Nicolás, en Rosario, en Bs. As. y en San Luis. La producción de las plantas está destina al abastecimiento de distintos segmentos del mercado interno: la automotriz, construcción, la metalurgia y la obra pública estatal.
La fábrica radicada en la ciudad de Villa Constitución es la de mayor magnitud y desde su fundación constituye el núcleo productivo del sur de Santa Fe; por lo tanto cada crisis de la empresa repercute a escala regional afectando al conjunto de las clases sociales.
Esta importancia impulsa el siguiente texto que pretende mostrar las líneas de continuidad entre la presente crisis y las del pasado, sus puntos en común, sus ganadores y perdedores, y las consecuencias dejadas en cada proceso; para sacar lecciones y mejor afrontar estos tiempos de incertidumbres que se parecen bastante a los vividos tres décadas atrás.
De la mano del Estado interventor
Si miramos la historia de los grandes grupos económicos de nuestro país nos llevaremos la sorpresa de que el ascenso de esta elite en el poder estuvo lejos de ser de la mano del mercado, sino más bien de la mano del Estado. ACINDAR es uno de los casos paradigmáticos. El otro es Techint pero el repaso del prontuario del grupo ítalo argentino lo dejaremos para otra ocasión.
La planta de Acindar ubicada en la ciudad portuaria de Villa Constitución, sur de Santa Fe, inició sus actividades en 1951, transformándose en el corazón productivo de la zona, impulsando la actividad de numerosos talleres y comercios, atrayendo a miles de trabajadores provenientes de otras regiones del país y del interior del campo.
La empresa, fundada por la familia Acevedo, recibió impulso del Estado y de los diferentes gobiernos civiles y militares, a través de diversos mecanismos; todos surgidos del plan siderúrgico argentino ideado por el gobierno de Perón. El plan implicó que las empresas recibieran beneficios mediante subsidios, exención de impuestos, protección arancelaria, materia prima barata de SOMISA, racionalizaciones de personal y variados mecanismos.
La palanca estatal no solo fueron de índole económica, también recibieron el apoyo fundamental de las fuerzas represivas para atacar al sindicalismo y a la clase obrera cuando la lucha de clases se tensionó, en especial durante la década de los 70 durante el gobierno de Isabel Perón y la dictadura.
Operativo serpiente roja del Paraná
A principios de los 70 la Argentina atravesaba una tensa situación social y política, con una clase obrera que estaba en pleno estado de rebelión contra una dictadura militar, la del Gral. Onganía, debilitada tras los estallidos del Rosariazo y el Cordobazo en mayo de 1969, y de otras puebladas en diversas ciudades del país que se extendieron como reguero de pólvora.
Los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución no fueron la excepción al proceso, protagonizando protestas, huelgas, y sobre todo organizándose por fuera del control de la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por el secretario general Lorenzo Miguel, que había intervenido la díscola seccional villense y que tenía estrechos vínculos con la patronal. Los obreros más conscientes y predispuestos habían decidido encarar la recuperación del sindicato para que actúe en función de las necesidades de los trabajadores y no para que pacte con la gerencia como lo hacían los interventores.
Con militancia y organización el pequeño grupo comenzó a recibir el apoyo de las bases que demandaban aumentos salariales, mejores condiciones laborales y un servicio de salud de calidad con la construcción de un hospital en la ciudad. De a poco fueron ganando delegados en los diferentes sectores de la planta. Como fruto se formó la lista marrón “7 de septiembre”. Producto de la presión de esas bases la UOM tuvo que llamar a la normalización del gremio. Finalmente en marzo de 1974 se desató el conflicto.
La empresa reaccionó con despidos. Los trabajadores respondieron con un contundente plan de lucha que incluyó paros, piquetes, asambleas y organismo de autodefensa contra las amenazas fascistas. La huelga contó con la adhesión de las fábricas circundantes y también de las familias de los trabajadores y la población en general. La lucha se había vuelto masiva y generalizada alcanzando a los pueblos cercanos.
Había estallado El Villazo, Una gran movilización obrera y popular que logró recuperar el sindicato de la UOM a través de la lista marrón encabezada por Alberto Piccinini, que se transformó en una referencia para el movimiento obrero argentino.
Este triunfo de los obreros de VC preocupó al poder económico, político, eclesiástico y sindical que puso en marcha todo su bagaje para aplastar y disciplinar a este sector de vanguardia de la clase trabajadora combativa y consciente. Un año después, en un contexto más reaccionario, el gobierno peronista de Isabel Perón/ López Rega y Acindar lanzaron en marzo de 1975 un violento operativo represivo a gran escala denominado “Serpiente roja del Paraná” para terminar con un supuesto “complot” contra la industria nacional. El 20 de marzo miembros de la policía federal y provincial junto a ejército y gendarmería sumados a la banda triple A partieron desde San Nicolás hacia Villa Constitución para realizar una verdadera ocupación de la ciudad. Se ponía en práctica un plan represivo que abarcó el corazón del cordón industrial, incluyendo San Nicolás y Rosario.
La dirección gremial fue encarcelada, cientos cayeron detenidos, violentados y torturados, y hasta asesinados. La ciudad fue ocupada como si fuera un escenario de guerra. Es que desde la perspectiva de las clases dominantes lo era y actuó en consecuencia. Los trabajadores respondieron con la clara decisión de resistir, formando un comité de lucha y llamando a una huelga a la que se plegaron los empleados de Metcom, Marathon y otros talleres. También, como un año atrás contaron con el apoyo de los vecinos, el comercio y la mayor parte de la ciudadanía que de igual modo sufrió la violencia estatal. Durante dos meses la población resistió el ataque del poder que desplegó uno de sus primeros capítulos del terrorismo de Estado, que un año después se extendería por todo el país.
En el operativo, el rol de Acindar fue esencial en la instauración del terrorismo de Estado contra la masa trabajadora de Villa Constitución. Sus directivos proveyeron de información, logística, recursos y hasta otorgaron espacio para un centro clandestino de detención.
El saldo de la escalada fue: cientos de detenidos comenzado por la direcciones del gremio; otros cientos de despedidos; 10 trabajadores fueron asesinados por las bandas de la Triple A (Kalauz R. Sentencia para un complot. 2008) y otros tantos sufrieron torturas, violencia y todo tipo de hostigamiento. Como lección quedó que la represión contra “el Villazo” fue uno de los ejemplos más nítidos de la alianza entre el Estado, el gobierno, la burocracia sindical y el empresariado (Ceruti L. 2014).
La dictadura al servicio de Acindar
Acindar no era cualquier burguesía. Tenía un lugar destacado en la trama industrial y del poder. Esto quedó plasmado cuando el presidente de la empresa durante la represión del Villazo, José Martínez de Hoz, ocupó el ministerio de economía de la dictadura de Videla.
Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se consolidó el modelo autoritario en la planta que pasó a ser presidida por el militar Alcides López Aufranc. Gracias a la violencia terrorista del Estado que dejó otros 50 obreros asesinados o desaparecidos (Kalauz 2008), la nueva dirección tuvo las manos libres para desplegar su estrategia empresarial para crecer en la rama y profundizar la explotación laboral. La nueva dirección aplicó despidos, suspensiones y flexibilización. No solo Acindar despidió personal, también las demás empresas del sector. Entre 1979 y 1981 Acindar redujo su plantel un 28,2%, Santa Rosa un 31,3%, Gurmendi un 71,2% y Genaro Grasso un 21,5%. En total, de 12.795 trabajadores empleados en las cuatro empresas mencionadas, hacia 1981 sólo restaban 8.110, evidenciando una destrucción de 4.685 puestos de trabajo o una caída del 36,3% (ACINDAR, 1987, AZPIAZU, BASUALDO Y KULFAS, 2007).
Además de la acción de sus fuerzas represivas, Acindar obtuvo del Estado subsidios que permitieron el crecimiento productivo, con la construcción de una planta integrada inaugurada en 1978; y sumemos la estatización de su deuda por parte del ministro Domingo Cavallo.
Mientras en el país, por la política económica dictatorial, cerraban cientos o miles de establecimientos industriales, Acindar concentraba y aumentaba su producción, adquiriendo y fusionándose con otras metalúrgicas y siderúrgicas (el grupo Gurmendi, poseedoras de las plantas Gurmendi, Genaro Grasso y Santa Rosa).
Con la el gobierno militar Acindar logró consolidar su posición y crecer a costa de la clase obrera que profundizó sus pérdidas, dejando en el camino vidas valiosas, conquistas, derechos y fuerza para contener las pretensiones patronales.
El “conflicto de 1991”.
En los albores de los 90 el mundo estaba en ebullición. La URSS y el bloque “socialista” habían acelerado su desintegración y arrojado a la restauración capitalista tras el derrumbe del muro de Berlín. Occidente festejaba y el neoliberalismo se expandía por todo el mundo.
La Argentina absorbió las transformaciones del capitalismo a escala mundial de manera brutal para las capas populares. La crisis de la economía se expresaba en una espiral hiperinflacionaria que golpeaba día tras día a la población en general y las clases obreras y asalariadas en particular. En ese contexto caótico, la burguesía se dispuso a una ofensiva sobre las conquistas obreras utilizando nuevamente todas sus herramientas, en especial, al Estado.
El gobierno peronista de Carlos Menem, a contramano de sus promesas electorales encaró un modelo económico sostenido en la apertura, las privatizaciones y la reforma del Estado.
Acindar apareció como una de las puntas de lanza del capital en dicha ofensiva. Sostenido en la fortaleza que le daba un contexto favorable, usando el pretexto de la crisis económica del país y de una supuesta dificultad financiera de la empresa, la firma lanzó un nuevo plan de flexibilización laboral conocido como “nuevo método de trabajo”, que implicaba un aumento de las funciones laborales de los obreros, más responsabilidades sin acrecentar el salario.
Ante la resistencia gremial y de los trabajadores en abril de 1991 la gerencia decidió despedir a la totalidad el personal, unas 3400 personas y cerró la planta poniendo en práctica un típico el lockout patronal. Los trabajadores encararon la resistencia con la instalación de carpas en la puerta de la fábrica contando con el apoyo de la ciudadanía. El conflicto se desataba por completo.
Finalmente, gremio y trabajadores aceptaron suspensiones rotativos y una “paz social” de 180 días (Basualdo). Pero lo más importante es que la empresa pudo avanzar en sus pretensiones de aplicar un esquema de flexibilización que empeoró las condiciones de trabajo, y permitió la proliferación de los trabajadores tercerizados. El trabajador tercerizado posee un empleo mucho más vulnerable con respecto a la estabilidad, la protección gremial ante conflictos, licencias, vacaciones; pueden quedar en el desempleo más rápidamente ya sea por la insolvencia de la empresa, la rescisión del contrato o finalización de contrato laboral. (Strada, 2016).
Para tener una noción del panorama, en 1991 la planta tenía unos 5 mil empleados mientras que en 1990, eran unos 2500 (Giniger N. 2014). El retroceso de la clase trabajadora fue evidente y duradero. Muchos tomaron la salida del despido indirecto de los retiros voluntarios. La desocupación empezó a ser un drama en la región que perduraría en el resto de la década.
Pasando revista, en la crisis de principios de los 90 las clases dominantes lograron estabilizar a costa de la clase trabajadora profundizando la desocupación industrial, la flexibilización y la tercerización que se transformó en una de las columnas de los regímenes de trabajo. Todo esto debilitó aún más la fuerza de un movimiento obrero que ya venía golpeado del período anterior.
Nuevamente, socializar las pérdidas
El año 2024 apareció con un panorama de crisis para el país. Esta crisis económica inmediatamente se hizo sentir en el sector industrial golpeado por la merma de la demanda proveniente del mercado interno y por el hachazo del gobierno liberal a la obra pública y al poder adquisitivo de la población. Todas las ramas industriales comenzaron a realizar menos pedidos de productos, a excepción de la energética.
Acindar depende de estos motores económicos, que no pueden ser reemplazados por la exportación según los pasquines y economistas debido a la competencia del gigante chino que inunda el mercado mundial del acero con su producción excedente. Por eso, la empresa estima una producción a la baja, a 700 toneladas para este año (La Capital. 11/03)
Como el pasado nuevamente Acindar apela a su clásico receta antilaboral, para afrontar la crisis o mejor dicho para aprovecharla, buscando sin perder tiempo implementar una racionalización del régimen laboral aún más flexibilizado. En enero un centenar de trabajadores “contratitas” fueron cesados (70 de la acería y 30 del sector de trenes de laminación), lo que fue denunciado por el secretario general de la UOM VC Pablo González (Página 12. 28/02) con el argumento de terminación de contratos.
A fines de febrero la empresa anunció la paralización de sus plantas entre el 18 de marzo y el 15 de abril, dejando abierta la posibilidad de extenderse en el tiempo si se mantiene el panorama recesivo. La paralización se justificó en la caída de la demanda entre un 30 y un 40 %.
Al mes siguiente, en marzo la empresa y el sindicato acordaron la suspensión de 1700 trabajadores contratistas, resignando el 83 % de sus salarios, bonificaciones, con un impacto directo en el próximo aguinaldo. Mientras que los empleados efectivos fueron obligados a tomarse vacaciones no gozadas, los francos compensatorios, o comenzaron a realizar capacitaciones y tareas menores en la planta. También, les fueron ofrecidos “los retiros voluntarios”.
El golpe que sufren los trabajadores se hace sentir por transición en la actividad económica de una de una ciudad de unos 50 mil habitantes y también de la región. La fábrica es el núcleo que impulsa la producción de pequeños y medianos talleres, el trabajo de los transportes, la venta de los comercios y de otros tantos rubros. Las pérdidas salariales y el desempleo empeoran a una zona ya jaqueada por la pobreza que según el Indec llega al 46 %. Es una situación que nos hace recordar los penosos tiempos de la privatización de SOMISA, cuando apareció la plaga de la desocupación y del empleo precario para no irse más.
Nuevamente una crisis está siendo aprovechada por la cúpula empresarial, de la que es parte Acindar, para ir sobre los derechos de la población y sus conquistas históricas. Porque vale aclarar que Acindar no está siendo víctima de la política económica gubernamental que promueve el estancamiento económico, la apertura y la libertad de acción de los capitalistas; Acindar se está excusando en la crisis para fortalecerse ante los obreros.
Una vez más, estamos viendo a las capas vulnerables sufrir las consecuencias de los tiempos de vacas flacas, mientras que cuando hubo superganancias, hasta el año anterior cuando la empresa acumuló stock, éstas no fueron compartidas.
No es un dato menor decir que la empresa tiene la espalda para afrontar el temporal teniendo en cuenta las ganancias del período anterior y por su envergadura a nivel global: “Acindar representa el 1% de la facturación del grupo Arcelor Mittal (La capital, 2024. 11/03). Estamos hablando de la principal siderúrgica del mundo.
La situación está planteada. Acindar está firme en su plan de racionalización. Al mismo tiempo las patronales siderúrgicas encabezadas por Techint mantienen estancada la paritaria del sector con el beneplácito gubernamental, buscando licuar los salarios negándose a otorgar aumentos que recuperen el poder adquisitivo perdido por la alta inflación.
Por su parte, los trabajadores comenzaron a responder con paros, cortes de rutas, movilizaciones y otras acciones de protestas. En el marco de las llamadas “marchas de la dignidad” los obreros siderúrgicos se movilizaron masivamente en las ciudades industriales de Zárate, San Nicolás y Villa Constitución que este 11 de abril iniciaron un paro de la seccional UOM VC por tiempo indeterminado, que queda en suspenso por la conciliación obligatoria dictada. En este marco y en medio de la incertidumbre, las plantas volvieron abrir sus puertas el 15 de abril pero la incertidumbre y la tensión entre el capital y el trabajo permanecen. Los resultados, como en el pasado, marcarán la situación para los obreros industriales y el conjunto de la clase trabajadora en el próximo período.
Alejandro Morales, Profesor de Historia y Comunicador Social
