Normalmente cuando se habla de educación, la discusión está centrada en el plano de los salarios, la infraestructura, las condiciones de trabajo y de educación, aunque estos tres últimos en bastante menor medida. Nunca aparece un debate sobre cuestiones políticas y pedagógicas, como el modelo educativo, su estructura fragmentada y raquítica; o sobre sus fundamentos políticos, ideológicas o pedagógicos. Tampoco desde los sectores docentes se pretende imponer agendas diferentes ni plantear salidas propias.
Con la irrupción de la pandemia en marzo de 2020 esta lógica se mantuvo, o, incluso, se profundizó; porque si bien, al principio aparecieron temas diferentes, como la conectividad, las condiciones de higiene no atendidas, la educación en la virtualidad, la lógica se centró en los mismo carriles reduccionistas y el Estado actuó de acuerdo a sus interés y del partido gobernante, anclado en la especulación política.
El ministerio de educación desde un primer dejó librado a los docentes a suerte, en una especia de “arréglense como pueda” para hacer posible la denominada continuidad pedagógica virtual. La labor de dicha institución se limitó a una mínima bajada orientadora: la necesidad de mantener los vínculos de las escuelas con los estudiantes, el privilegiar el acompañamiento antes que la enseñanzas de los contenidos, o el de resaltar la evaluación antes que la calificación teniendo en cuenta las condiciones de los estudiantes.
Pasaron los meses y el Estado no resolvió ninguna de esas condiciones para que exista una situación educativa. No atendió la necesidad de entablar los vínculos virtuales entre docentes y estudiantes, es decir, que estuvo ausente para establecer la conectividad necesaria: el acceso a internet, el aprovisionamiento de celulares, netbook o la creación de plataformas virtuales. En cuanto a las necesidades de las familias de los alumnos (golpeadas por la desocupación, la pobreza y la inflación), la presencia estatal se redujo a la entrega mensual de bolsones de alimentos.
Durante el primer período de la pandemia, en donde se implementó la cuarentena, a la casta gobernante le servía ante “la opinión pública” evitar desarrollar las clases en el espacio escolar en pos de la salud pública. Sin embargo, los centros de concentración obrera continuaron trabajando generando focos de contagios importantes; en San Nicolás, por ejemplo, la planta Siderúrgica SIDERAR, propiedad de Techint, no detuvo su producción.
Sin embargo, con el cambio de “vientos” políticos, la actitud del Estado y el gobierno de Alberto Fernández con respecto al retorno a las escuelas fue cambiando también, acercándose a la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que venía presionando en impartir clases presenciales en plazas, parques o calles. Es que en el país los efectos del avance de la pandemia, el crack económico y la crisis social corroyeron el apoyo social inicial hacia el gobierno y las presiones de apertura, por parte de las patronales y por los grandes medios de difusión, se volvieron más fuertes; colocando el regreso a las aulas en la agenda.
Por lo tanto, El Estado, como administrador de los deseos del poder, comenzó desde el mes de julio a orquestar, delineando “protocolos” la vuelta a las actividades presenciales escolares, motivado más por especulación política de mostrar iniciativa, que guiado por una nueva estrategia educativa amparada por variables y elementos que muestren una mejora en la situación sanitaria del país.
Lamentablemente, “la comunidad educativa” se presentó impotente para plantear una salida propia, en buena medida, debido a la actividad de los gremios nacionales y provinciales que trabajaron más de voceros de la línea política peronista al interior que representantes de los trabajadores de la educación. Entonces, el Estado continuó actuando según sus conveniencias, y por lo tanto, de acuerdo a las conveniencias de las clases dominantes, decidiendo sin obstáculos sobre la cuestión educativa en el país.
Lo permanente del sistema educativo
Como es natural en el capitalismo, el Estado está atendiendo los temas educativos de acuerdo a la agenda de la especulación política del partido gobernante, en este caso el Peronismo, y, en lo profundo continúa configurando el sistema educativo atado a los intereses del capital, de fracciones de la burguesía, que a pesar de sus roses, mantienen unidad en referencia a la explotación de los oprimidos. Es que el Estado como herramienta de dominación de clase, y por lo tanto, al estar en manos de la burguesía, fija las reglas de juego e institucionaliza a través de la educación (en especial pública, gratuita y obligatoria) las relaciones de explotación económica así como de dominación política ideológica. Esto es un factor permanente a lo largo de la historia sobre el rol del Estado con respecto a la organización de la educación pública.
Si solo observamos desde la última dictadura, para la burguesía que maneja el país, el sistema educativo era un campo a desarmar en beneficio del avance de la educación privada; entonces, el Estado actuó en consecuencia, desfinanciando de recursos y atacando a docentes y estudiantes, y luego, en los ’90, fragmentándolo con la implementación de la ley federal de Educación, que traspasó la responsabilidad de las escuelas, del gobierno nacional a las provincias. Durante la década de los 2000, los gobiernos Kirchneristas jamás tuvieron la intensión de modificar esta estructura de fondo, o sería más certero mencionar que buscó continuarla, más allá de haber sancionado una nueva ley de Educación en el año 2006 y mejorado la partida de recursos en términos nominales, porque en lo concreto la inflación licuó dichos recursos.
En ese tiempo, el colectivo docente y estudiantil no pudo generar una alternativa independiente a esta estrategia política estatal lo que derivó en una derrota de este colectivo, teniendo como consecuencia una progresiva destrucción de la educación pública. Tampoco, los trabajadores de la educación pudieron desprenderse de las direcciones sindicales que una y otra vez, los llevaron tras el carro de la política de los partidos políticos tradicionales, en el ámbito nacional con el peronismo y el macrismo, y en los ámbitos provinciales.
La pandemia y la situación que abrió empeoró un panorama educativo ya desolador hace tiempo, y consolidó la política estatal en pos de la mercantilización de la educación. La situación de los docentes, como trabajadores retrocedió en cuanto a derechos y aumento de precariedad laboral. Las realidades de las familias obreras y de un buen sector de las clases medias se oscurecieron por la desocupación, la pobreza y la inflación. La brecha en el acceso al derecho a la educación y en la calidad se ensanchó cualitativamente, marcando niveles históricos.
Si seguimos dejando en manos del Estado y de sus lacayos políticos el manejo de la educación el horizonte es más que oscuro. Todavía hay tiempo para una reacción por parte de los trabajadores y de los estudiantes para luchar por una educación pública de calidad al servicio de los oprimidos, y manejada por ellos mismos.
