La designación de Nicolas Pakgojz, un hombre estrechamente vinculado a la empresa IRSA de Eduardo Elsztain, en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es un acto que pone de manifiesto la voracidad de quienes forman parte de este gobierno y de quienes han sido sus mentores, que ahora buscan cobrar sus servicios, con un plan de apropiación de todos los recursos y bienes comunes del país.
Por Silvio Schachter
Enero de 2023
Si bien circuló por varios medios que el propio dueño de IRSA, sería el director de la AABE, la trayectoria de Pakgojz, operador de Elzstain como funcionario de Rodríguez Larreta, confirma que será un ejecutor fiel a los intereses de su jefe. El silencio de la mayor parte de los políticos ante esta designación es estruendoso. Todos los gobiernos han tenido tratos y negocios con el omnipotente patrón de IRSA y ninguno quiere confrontarlo.
No es casual que el hotel Sheraton Libertador, donde se alojó gratuitamente Javier Milei durante la campaña electoral y donde aún mantiene un centro de operaciones, sea una de las numerosas propiedades de Elzstain
IRSA, abarca y devora
Elzstain, es una de las mayores fortunas del mundo, creció de la mano del financista George Soros, y junto a Marcelo Midlin, ex socio de IRSA , dueño del Grupo Emes, de Pampa Energía S.A y ex dueño de EDENOR, hicieron en común múltiples negocios. El magnate húngaro que declaró que en su paso por Argentina durante el gobierno de Menem, gano 500 millones de dólares, le abrió la puerta para participar como tesorero, en el poderoso Congreso Judío Mundial, una organización que es clave en la defensa de la política sionista del Estado de Israel.
Un recuento de los principales bienes que posee Eduardo Elzstain nos da idea de la gigantesca riqueza que hace valer para obtener ventajas en sus relaciones económicas y políticas. Es un poderoso lobista a quien todos temen.
Es dueño de 9 edificios corporativos con 130.000 m2 cubiertos, más dos edificios en New York con 80.000 m2.
Los 13 principales shopping del país con un total de 325.000 m2 con miles de locales y cocheras. Los hoteles Sheraton Libertador Bs As, Intercontinental Bs As y el Llao Llao Bariloche y Horizon Vicente López, 6 torres de viviendas de lujo sobre en un 20.000 m2 sobre el rio.
Es socio de Cyrela, la principal empresa de bienes raíces en Brasil, con construcción en 17 estados y 55 ciudades brasileñas.
Es dueño de Cresud, una corporación que con 34 campos posee en América del Sur más de un millón de hectáreas.
Posee parte del paquete accionario del Banco Hipotecario SA, desde que Carlos Menen lo privatizó en 1997. Durante el gobierno de Cristina Kirchner fue designado administrador fiduciario de ProCreAr, siendo favorecido con el manejo financiero de 20.000 millones de pesos del ANSES.
Es el concesionario del centro de exposiciones de la Rural y del Centro de Convenciones de Buenos Aires, un edificio construido en plaza Francia con recursos del Estado y cedido por el gobierno de Larreta a IRSA para su explotación por 25 años, con un canon ridículo.
Es propietario del emblemático edificio del Plata sobre la Avenida 9 de Julio, obtenido en una licitación de la cual fue único oferente.
Se enfrenta desde hace años con los vecinos de Caballito por el proyecto de torres con un mega shopping y supermercado en el predio que era del Ferrocarril Oeste.
Si un caso sirve para calificar el maridaje de distintos gobiernos con las corporaciones inmobiliarias, en actos flagrantes de corrupción, es la historia de la Ex Ciudad Deportiva de Boca que lo tiene hoy, después de un periplo de casi 6 décadas, como su único propietario.
Iniciado como una concesión al club Boca Junior en 1965, por el fallido del club pasó por varias manos, incluido el gobierno de la ciudad, en cada caso sin cumplir con los requisitos constitucionales, hasta que en 1992 la ignota sociedad, Solares del Plata se queda con este predio de 700.000 m2 con cinco mil metros de costa sobre el río, sin realizar ninguna obra, esta sociedad se lo vende a IRSA en 1993 por la suma de 750.000 dólares por hectárea, el valor de un lote tipo entre medianeras en un barrio de la CABA.
El proyecto conocido como la Dubái de Buenos Aires, incluye torres de 60 pisos, hoteles 5 estrellas, shoppings y amarras náuticas entre otros edificios premium. Para materializarlo necesitaba la modificación por parte de la legislatura de Buenos Aires de la zonificación prevista en el Código de Planeamiento Urbano y otros requisitos legales que la gestión de Rodríguez Larreta y sus socios de Cambiemos aprobaron sin respetar la Constitución de la Ciudad, concretando uno de los mayores despojos de tierra publica y una nueva y violenta agresión contra el río y su costa.
Con razón se ha dicho que IRSA es a lo urbano, lo que la Barrick Gold es a la minería y Bayer- Monsanto al campo.
La agencia liquidadora de bienes comunes
La política de privatizaciones del patrimonio colectivo acumulado por la sociedad, ha sido implacable a partir de los años 60 y no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado, conforme al recetario neoliberal vigente, una práctica que no ha cesado durante los últimos 40 años de gobiernos electoralmente elegidos.
El camino de privatizar tierra pública para emprendimientos de lujo por parte de los grandes operadores inmobiliarios, no ha tenido pausa. Este es un recorrido unidireccional, del cual resulta difícil retornar, una vez privatizada, materializada y realizada en su forma construida, es convertida en mercancía y la recuperación como espacio socialmente útil se vuelve casi imposible.
Ante la escasez de tierra urbana, un bien raíz no renovable, hacerse del suelo es uno de los objetivos principales que tiene este grupo selecto de inversores para valorizar su capital financiero excedente. Seguramente ese capital fugado recibirá un nuevo blanqueo para la inversión inmobiliaria y luego renovar el ciclo hacia un nuevo paraíso fiscal.
Así es que el Estado se ha transformado en el principal proveedor de tierra pública para el mercado, privatizando centenares de hectáreas para facilitar los grandes emprendimientos inmobiliarios.
El Estado privatizador, se desprende de los bienes públicos con calificativos de ociosos, improductivos, e innecesarios para la gestión. Muchos de estos predios requieren para aumentar su escala constructiva, modificar zonificaciones existentes, tarea facilitada por legislaturas inescrupulosas. En el caso de la CABA, parte de este trabajo ya se realizó en el año 2017 con la aprobación de un nuevo y escandaloso Código de Planeamiento Urbano que duplicó el potencial constructivo de la ciudad y cambió zonificaciones para satisfacer los planes de los operadores inmobiliarios.
La creación de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, por un decreto del 9 de agosto de 2012 le dio forma institucional a este proceso. Desde su nacimiento, además de contrataciones menores, la mayoría de sus resoluciones son concesiones y ventas, que van desde vehículos y aviones, hasta amplios predios tanto urbanos como rurales y cientos de edificios de variadas dimensiones.
Con una metodología sistemática, a lo largo de más de una década de funcionamiento, se ha encargado de transgredir la legislación nacional vigente, a través de la cesión de bienes nacionales a las jurisdicciones provinciales, que pueden sortear obstáculos legales en base a sus componendas con las plutocracias locales.
Los casos más notorios fueron las cesiones a la CABA de los enormes terrenos de las playas ferroviarias y sus aledaños, que modificó la legislación sobre su uso y fueron rápidamente privatizados por el gobierno del PRO- Cambiemos, que posee el récord histórico en esta materia. En la zona norte, Vicente López en particular, se dio una operatoria semejante durante la gestión del ahora importado jefe de gobierno de la CABA, Jorge Macri.
Sin duda el caso paradigmático sobre la enajenación de lo estatal, y el modelo de ciudad neoliberal, fue la creación en 1989 de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CAPSA), que con el aval de todos los partidos, concretó la apropiación privada de las 170 hectáreas de privilegiada localización de cara al río, para la realización del más fabuloso negocio inmobiliario de carácter especulativo de todo nuestro continente. El resultado es el eufemísticamente llamado “barrio más nuevo de la ciudad”, un barrio premium de oficinas, con un 50% de viviendas vacías.
La AABE supuestamente debe cumplir la Ley 27275 que según su texto garantiza el acceso a la información pública, y tiene por objeto, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Como es obvio, esta ley nunca se cumplió, pues como dijo José Martí, “los verdaderos derechos son los que se ejercen”. Los encargados de hacerla cumplir son arte y parte del problema y responsables de su obstrucción.
Es necesario reconocer que salvo un sector activo de la sociedad que ha tenido algunos éxitos importantes como el caso de Costa Salguero, la mayoría no se involucra en estos cruciales temas, hasta que los resultados los afectan directamente.
La designación de Nicolas Pakgojz en la ABBE, le garantiza vía libre no solo a IRSA y a los otros grupos concentrados de la especulación inmobiliaria, también a todos aquellos que vienen por los otros recursos y bienes comunes que este gobierno les entrega.
La cantidad y magnitud de las medidas reaccionarias contenidas en el DNU de Milei, que golpean directamente la vida del día a día de las mayorías, hace que esta y otras designaciones similares puedan pasar desapercibidas, subsumidas en medio de las consecuencias de una feroz crisis. La complicidad de los medios y los políticos hacen el resto. La ABBE con esta jefatura se ha transformado, de facto, en una nueva sección del complejo empresarial de IRSA y sus amigos.
