Si miramos la película completa lo que está sucediendo con la educación pública en la Argentina es parte de un camino de desidia del Estado nacional planificada desde la última dictadura militar instaurada a partir de marzo de 1976. El gobierno de Milei quiere llevar hasta el final el proyecto educativo de las clases dominantes que se expresan en algunos aspectos fundamentales: la fragmentación del sistema educativo, el desfinanciamiento, la vulnerabilidad de la niñez y la juventud de las clases populares, y la lógica mercantil.
Por Alejandro Morales
Profesor de Historia y Comunicador Social
La semana anterior causó conmoción general en el ámbito educativo que el gobierno nacional decidiera la suspensión de envíos de los fondos a las provincias que se destinan a salarios (incentivo docente) y a otras áreas, por ejemplo, a la provisión de comedores escolares, a recursos tecnológicos, o al financiamiento de las universidades, dejándolas en una virtual parálisis. Sin sonrojarse el vocero presidencial sostuvo que la responsabilidad de proveer de recursos educativos está en las provincias y que ellas debían preocuparse en generarlos. Sumemos que en el mismo sentido estuvo el no llamado a la paritaria nacional, la que finalmente fue convocada para el martes 27 de febrero, después de tanto hostigamiento gubernamental hacia la comunidad educativa y ante la declaración de una huelga nacional docente.
El paro nacional docente surge como manifestación de la bronca y la preocupación entre la docencia y de buena parte de la población porque existe la conciencia en estos sectores del peligro que corre la existencia misma de la educación pública de nuestro país. Agreguemos a la incertidumbre, la amenaza libertaria de transformar a la educación en un servicio esencial, estatus que configura un ataque a toda regla sobre derechos y conquistas laborales. Además, las protestas se motorizaron por la asfixiante inflación, problemática que golpea al conjunto de las clases populares.
Paralelamente también los gobernadores pusieron el grito en el cielo por el corte de recursos a sus arcas, aunque, la razón del descontento de las administraciones provinciales tiene raíces diferentes a las de los trabajadores. Los primeros buscan ordenar sus cuentas, en cambio, la población trabajadora desea dejar de perder su poder adquisitivo, poder enviar a sus hijos a las escuelas y defender la educación pública.
En cada conflicto existen temas de fondo, de los que lamentablemente poco se habla en la arena nacional. La idea del presente texto es plantear algunos de estos temas que atañen al proyecto educativo de las clases dominantes que detentan el poder en la Argentina.
Un paso más en la fragmentación
Desde la dictadura militar el Estado nacional comenzó a traspasar responsabilidades a las provincias. Pero fue durante el Menemismo cuando se produjo la mayor descentralización del sistema nacional educativo cuando las provincias se hicieron cargo de la organización y del sostenimiento de los distintos niveles educativos a través de la ley federal de educación. Debido a las distintas capacidades financieras y políticas de las administraciones provinciales creció un desnivel de condiciones laborales y educativas entre las regiones. Aunque el mayor problema fue la desconexión entre el conjunto de la docencia nacional. Tras el estallido del 2001, y al calor de nuevos tiempos el gobierno de Néstor Kirchner promovió una nueva ley que modificó el sistema educativo (la ley de educación nacional 26.206 del año 2006). Las siguientes presidencias (CFK, Mauricio Macri y Alberto Fernández) continuaron gestionando la educación bajo el paraguas de esta ley que si bien, vale decir, mejoró algunos aspectos no rompió el camino de la descentralización sino que lo sostuvo.
La decisión de Milei de que El Estado se desentienda de las responsabilidades que todavía mantenía: aportar parte de los salarios, de sostener distintos programas, etc. representa completar el proceso de descentralización del sistema educativo donde los gobiernos nacionales no cumplen casi ningún rol cualitativo, dejando la total administración de la educación en manos de las provincias. Si el gobierno libertario consolida su cometido estaremos ante una fragmentación total de un sistema que verá aumentar su crisis y su debilidad para responder a las necesidades de las mayorías.
Ya transcurrido un tiempo considerable la realidad nos muestra que la fragmentación tuvo consecuencias negativas profundas que se expresan en la crisis del sistema de la educación pública nacional y en especial, en el debilitamiento del colectivo docente como fuerza unida para proponer alternativas y para enfrentar los ataques a la educación y a las conquistas.
El desfinanciamiento
Un informe de 2023 (Argentinos por la educación. Lo prometido es deuda) reveló que el Estado nacional le debe a la educación pública en inversiones, tomando como referencia el PBI del 2020, la friolera de 3,4 billones de pesos, unos 26 mil millones de dólares entre los años 2006 y el 2020. Con la ley de financiamiento educativo de 2005 y distintas normativas el conjunto de los partidos políticos del régimen habían acordado que el 6% del PBI de cada año sería destinado a la educación. La realidad muestra otra cosa. Solo en los años 2013 y 2015 se cumplió dicho porcentaje de inversión. La sub ejecución fue una manera de desfinanciar al sistema educativo argentino en las últimas dos décadas.
Estos números de desfinanciamiento, aclarando que faltan los respectivos al período 2021-23, estuvieron reflejados en el estado edilicio de las escuelas, en la falta de inversión en recursos materiales y humanos, en el atraso de salarios y un largo etc.
Milei está llevando hasta el final el desfinanciamiento de los últimos tiempos. Comenzó con el congelamiento del presupuesto para el 2024 manteniendo los mismos valores que el de 2023. Teniendo en cuenta una inflación 250 % anual, hace que el recorte a la inversión educativa sea enorme. Las escuelas de todos los niveles y las universidades sufrirán un recorte como pocas veces visto, siendo las universidades las que sufrirán más rápido los efectos. Lo que estamos viendo en desarrollo es un salto en el ajuste en los presupuestos de educación y cultura, una constante aplicada por los últimos gobiernos.
Al ajuste de las partidas, ahora el gobierno sumó la suspensión del envío de los recursos a las provincias para complementar salarios, el Fonid y el fondo de compensación salarial; además el recorte se aplicó en diversos programas para becas, para comedores escolares, para infraestructura, recursos tecnológicos y otras áreas.
Recordemos que el FONID, incentivo docente viene siendo incluido en el salario desde 1998, fruto de la lucha de la famosa carpa docente en los 90. Desde entonces, todos los gobiernos siguientes abonaron el ítem sin cuestionarlo. Mientras tanto los colegios privados recibieron la promesa de que se van a mantener las exenciones impositivas y el presidente habló de la implementación de vouchers para que las familias puedan costear las cuotas escolares. Todo un mensaje.
El vaciamiento de fondos para la educación era una constante pero el gobierno de Milei parece querer extenderlo exponencialmente con el objetivo de destruir la educación pública.
La pobreza estructural de niños y jóvenes. Con hambre no se puede pensar
Por los bajos sueldos, por la suba permanente de los precios de los alimentos y de servicios esenciales la precariedad social está escalando de forma acelerada. Esta precariedad en las condiciones de vida de las clases populares no es de ahora. Sin embargo, las medidas gubernamentales lanzadas desde el día que asumió constituyen una verdadera guerra en todas las líneas contra la clase trabajadora y las clases medias, mientras que al mismo tiempo benefician a una ínfima minoría de empresarios y sus socios.
Un informe de la UCA publicado recientemente exhibió que la pobreza ronda el 57, 9 por ciento de la población desde el 44 % del tercer trimestre del año anterior. Mientras que la indigencia saltó del 9,6% al 15 %. En el país productor de alimentos por excelencia, 20 millones de personas se encuentran en esta situación de pobreza y 7 millones en la indigencia.
Que seis de cada diez personas son pobres, significa que las familias de los estudiantes están en peor situación en sus hogares, que en los salones tendremos a niños y jóvenes golpeados por la pobreza, por la incertidumbre de tener o no el plato de comida, de poder pagar las facturas de luz y de gas, de proveerse de los útiles, de viajar en transporte público. Sería una gran ingenuidad pensar que la situación económica social tendrá escaso efecto en el rendimiento pedagógico.
Estamos ante una verdadera tragedia social planificada; porque a la problemática de la pobreza debemos sumar otras que crecen en tiempos de estas características: la violencia, la delincuencia, la vulnerabilidad, la desocupación, las adicciones, la salud mental y otros males.
La escuela es un espacio de relaciones sociales entre seres humanos. Si esos seres humanos la están pasando mal es sus vidas cotidianas es imposible tener un buen rendimiento escolar.
La educación como mercancía
Es la primera vez en la historia que un gobierno nacional reconoce en su discurso tener el objetivo de retirarse de la educación para dejarlo en manos del mercado. Esto tiene profundas consecuencias en lo concreto del transcurrir del sistema educativo en todos sus ámbitos.
La política educativa estatal actual se sustenta en la concepción de la educación bajo la teoría del capital humano. Según dicha teoría la educación es una mercancía más, es un capital portado por cada persona, para ser usado en el proceso productivo, para ser explotado por los capitalistas en realidad. En esa línea ideológica está la decisión de haber degradado a la educación de la categoría ministerial a la de secretaría que pasó a formar parte del gordo ministerio de capital humano. Pero lo más grave aparece en el rol que le quiere dar a la educación en la sociedad: como un bien comercial, simplificando a las personas a mero instrumento de la producción capitalista.
Esta concepción del capital humano está en las antípodas de aquella que considera a la educación como un derecho y como proceso de desarrollo integral de los seres humanos. De aquí se entiende el ataque a la cultura y a los artistas que osaron oponerse a los postulados libertarios, porque la cultura desarrolla la creatividad, el arte, el intelecto; como también desde esa mirada cosificadora se comprende la pérdida de prestigio y desvalorización humana y social del conocimiento, al igual que el avance del individualismo.
Milei es un representante de lo más concentrado de las clases dominantes y el administrador actual de uno de los poderes centrales del Estado. Todo su arsenal va de la mano del proyecto ideológico y cultural de ese poder para la educación. En esta cuestión tal vez encontremos una diferencia con las administraciones precedentes porque ninguna de ellas declaró a viva voz su intencionalidad mercantil sobre la educación, aunque en la práctica estaban en curso algunas líneas en ese sentido.
Con lo expuesto no se está diciendo que los gobiernos anteriores fueron lo mismo. Sería un error plantearlo bajo semejantes términos tan simplificadores. Hay partidos políticos que sostienen la bandera de la educación pública, otras fuerzas también la sostuvieron impulsando a mayor velocidad el avance de lo privado. Pero hay que decir que la administración de Milei, es la primera en afirmar su intensión de transformar a la educación en un sistema donde predomina lo privado de forma similar al caso Chileno.
Tras 40 años, la trayectoria del sistema educativo argentino muestra unas líneas de continuidad que expresan el proyecto de país de las clases dominantes. Pasadas cuatro década hay sobradas muestras que las políticas educativas están provocando una crisis educativa en el sector público perjudicando a las mayorías populares.
Es necesario plantear un proyecto educativo alternativo, construido desde abajo, de manera horizontal, que rompa con la alienación y se ponga al servicio de liberar al país de las cadenas económicas, políticas y culturales. El tiempo se agota.
