Hace unos meses, al cumplirse 50 años del 11 de septiembre de 1973, en que las Fuerzas Armadas chilenas asesinaban al presidente Salvador Allende, iniciando el proceso llamado pinochetismo, dialogamos con Andrés Figueroa Cornejo, periodista de Santiago de Chile, quien nos compartió algunas reflexiones sobre aquel golpe militar genocida y lo que las políticas impuestas entonces tienen de vigente en el Chile actual.

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Andrés empieza estableciendo que la propia llegada de Salvador Allende al gobierno fue “resultado de un proceso de acumulación de los movimientos populares que data de por lo menos cien años”. Estamos hablando, aclara, de una época en que, tanto el Partido Socialista (al cual Allende pertenecía) como el Partido Comunista (parte de la alianza que lo lleva como candidato), no solo tenían una política más ligada a los verdaderos intereses de las clases populares, diametralmente opuesta a la actual; sino que también tenían una influencia en el movimiento popular mucho mayor. Así es que su plataforma planteaba cosas como la nacionalización de los recursos minerales, la banca y el comercio exterior, o la apertura de una economía mixta (privada y estatal), así como medidas que apuntaban a la mejora en el bienestar infantil y en la alfabetización, en un contexto en que en Chile los niveles de analfabetismo y de mortandad infantil eran alarmantes.

Andrés destaca que el poder imperialista estadounidense, a través de la CIA, actuaban en Chile desde antes incluso del ascenso de Allende, con la premisa de poner un freno a un movimiento obrero popular que estaba en alza en toda la región. Y es así que el golpe en Chile forma parte de una serie de derrocamientos de gobiernos que se dan en prácticamente toda América Latina; producto de esta ofensiva imperialista frente al alza de la lucha de clases.

Tal es así, que nuestro entrevistado destaca que lo más interesante de este proceso se dio en la construcción de un virtual estado de dualidad de poder, a través de los cordones industriales y los comandos comunales, así como las “corridas de cerco” en el campo. Todos procesos donde, tanto los trabajadores urbanos como las comunidades indígenas en el ámbito rural, tomaron el funcionamiento de la producción y la economía en sus propias manos, ante el abandono de muchas fábricas por parte de los patrones, combinado esto con el control territorial de las zonas en las que los trabajadores se encontraban, mediante la democracia directa. Este proceso embrionario de poder popular se desarrollaba de manera independiente del propio estado y, según Andrés, resultaba algo sumamente peligroso para los intereses imperialistas y de la burguesía.

Siguiendo con la charla, nuestro entrevistado nos da una definición tajante de la presidencia de Salvador Allende, él dice que: “la vía chilena al socialismo vino a ratificar que es imposible que la burguesía y las clases dominantes cedan a voluntad sus privilegios y preventas sin acudir al alto mando de las Fuerzas Armadas, la policía y todo lo que el aparato del estado tiene para ejercer coacción, como lo hicieron”. Así es que se desata una represión atroz sobre las clases populares organizadas chilenas, sin que las organizaciones políticas puedan lograr una mínima unidad para la resistencia. “El nivel de aniquilamiento que hubo –destaca- tenía como objetivo claro evitar que pudiera levantarse cualquier tipo de resistencia popular en Chile, a través del terror ejemplificador”.

De esta forma se instaura lo que los chilenos llaman “Pinochetismo”, que alude al conjunto de relaciones sociales, políticas, económicas e incluso culturales impuestas por la dictadura. Todas estas relaciones no fueron en absoluto eliminadas por los sucesivos gobiernos institucionales instaurados después del régimen dictatorial. Nuestro entrevistado ilustra a continuidad entre aquella época y la actual con un ejemplo claro: el primer presidente civil, en la década de 1990, es Patricio Elwin, uno de los principales dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana, que en su momento lideró el golpismo contra Allende.

Por último, Andrés nos cuenta la situación actual del país trasandino, en que el presidente Boric asume después de la revuelta de octubre del 2019. Ésta fue, al decir de nuestro entrevistado, una expresión de bronca sin una unificación ni una dirección clara. Y que resulta derrotada por las políticas impuestas por la pandemia de Covid-19. En ese proceso, el estado alcanza a fraguar un pacto, en el que Gabriel Boric participa como diputado, por el cual se acuerda una modificación de la constitución pinochetista. Ese proceso “secuestra las demandas principales del pueblo que se había expresado en el estallido”.

Andrés no duda en calificar de “payasada” al resultado de las sucesivas convenciones constituyentes, con una Constitución diseñada por un equipo limitado de “expertos”, donde la derecha y la ultra derecha tienen hegemonía; lo que dará como resultado una especie de actualización de la propia constitución pinochetista. Este proyecto está planificado plebiscitarse el 17 de diciembre.

Muy duro con el actual gobierno, Andrés manifiesta que el gobierno de Boric virtualmente se terminó, porque su programa fue negociado con la ultra derecha que es, actualmente, quien tiene en sus manos la agenda política.

Todo esto se desarrolla en el contexto de una “crisis económica brutal”, con despidos, altos niveles de desempleo y trabajo informal y mal pago, con un nivel de endeudamiento de los hogares obreros que se lleva, en muchos casos, mucho más de la mitad de los salarios de las familias. En esta situación, las urgencias de la población están apuntadas a la necesidad de un trabajo seguro que le permita sobrevivir, lo que hace que “le interese bien poco lo que está haciendo la clase política por arriba”.