Ante la política de olvido y distorsión de la historia por parte de las clases dominantes compartimos un extracto del libro SOMISA 1992, Vencedores y vencidos de la privatización, escrito por el equipo de Borrador Definitivo, Periodismo de clase.

El 26 de noviembre de 1992, finalmente, se completaba el traspaso de la Planta “General Savio” a manos del poderoso grupo TECHINT, una multinacional de capitales extranjeros con presencia dominante en la industria siderúrgica argentina desde la segunda mitad del siglo XX. Bajo el nombre de “ACEROS PARANÁ S.A”, SOMISA se transformaba en una empresa privada. En la operación comercial también participaron la empresa Usiminas y Compañía Vale Do Rio Doce, de Brasil y la Corporación de Aceros del Pacífico (CAP) de Chile.

Con esa firma quedó al descubierto que el gobierno nacional, el resto de las instituciones estatales, los sindicatos y demás lacayos habían realizado el “trabajo sucio” para la familia Rocca, propietaria del grupo TECHINT; el verdadero titiritero de la macabra obra, uno de los mayores beneficiados en el proceso por varias aspectos. En primer lugar, porque se quedó con una planta integrada por un monto muy por debajo de su valor real; además, porque obtuvo una fábrica con una mano de obra derrotada y flexibilizada; finalmente, porque pudo dar un salto cualitativo en su posición dominante dentro de la rama siderúrgica en particular, y como parte de la clase dominante del país, en general.

… El grupo empresario extranjero de los Rocca pagó 152.100.000 millones de dólares por el 80% de la planta; una parte en efectivo, 140 millones de dólares y 12.100.000 millones de dólares en títulos de la deuda pública. De lo acordado en efectivo, 100 millones al momento de hacerse cargo y el resto en dos cuotas. Además, abonó 12.500.000 millones de dólares por costos de transferencia y 250 millones de dólares de pasivo, lo que hicieron un total de 414.600.000 millones de dólares (Juan González). A estos datos hay que agregar que, en realidad, la familia Rocca no aportó para la compra de SOMISA ni un solo dólar que saliera de su bolsillo, ya que el dinero en efectivo fue proporcionado por una serie de préstamos otorgados por diferentes bancos públicos y privados.

El 20% restante del paquete accionario, fue asignado a los PPP (programa de propiedad participada). Este fue un mecanismo utilizado por el estado y los sindicatos para ganar el apoyo de un sector de los trabajadores, que luego sirvió de base social de la burocracia para desplegar sus políticas al interior de la planta.  Legalmente surgieron de la ley 23.696 de reforma del Estado.

… El diario El Norte publicó en su edición del 8 de 1991 que SOMISA, según la consultora Bruckstone, valía dos mil millones de dólares. Anteriormente, otra consultora, Braxton, había tasado la planta en entre 400 y 750 millones de dólares. En el informe se expresaba que el precio de SOMISA, según balance, era de 1.800 millones; que el valor de reposición de la empresa era de 1.800 a 2.400 millones de dólares, y que el valor de venta recomendado era entre 400 y 705 millones de dólares. El 21 de setiembre de 1992, se anunciaba que el ministerio de Defensa fijaría el precio de SOMISA, entre 300 y 450 millones. Según estimaciones privadas de la Empresa Techint, seria candidata a la adjudicación, el precio debía rondar entre 150 y 200 millones de dólares. Otro dato circulante era que el stock a disposición rondaba de entre 130 y 270 millones de dólares.  Todo indicaba que los Rocca hasta digitaron el precio de la compra.

… Los funcionarios del gobierno hablaban de que la fábrica generaba pérdidas al presupuesto estatal de un millón de dólares por día. Sin embargo, SOMISA se autofinanciaba para los gastos operativos y para las ampliaciones. También, era el principal contribuyente impositivo del país. Los aportes presupuestarios del estado a la empresa llegaron, especialmente, para su instalación. Luego comenzó a decaer ese aporte hasta casi desaparecer. Tampoco acudió a los préstamos de entidades privadas (Apsa).

La fábrica era considerada industria de industrias porque proveía de productos a otras plantas pequeñas y medianas del mercado interno; tenía casi el 60% de la capacidad instalada del país en la producción de acero; muy por encima de Altos Hornos Zapla, de Techint y de Acindar.

Sus aportes a la economía nacional eran preponderantes, en 1989 fue la primera exportadora del país con 962.350 tn a un valor de 328.290.000 dólares. En 1989 los despachos de SOMISA fueron productos no planos, planos en caliente, laminados en frío, hojalata, mayormente destinados al mercado exterior (Apsa).

SOMISA no sólo no se endeudó como el resto de las empresas de Estado, de las cuales el ejemplo más oprobioso fue el de YFF, sino que bajó paulatinamente su deuda, a pesar de no haber sido incluida en el régimen de seguro de cambio u otra medida de ayuda del estado…

… En la fábrica “General Savio”, después de la “racionalización” encarada por la intervención estatal y el sindicato, continuaron trabajando algo más de 5 mil obreros efectivos y 600 contratados, cuando un año antes había 11.600 en total. Un capital variable que exprimió a gusto y placer bajo el látigo sindical, lo que se reflejó por ejemplo, en la productividad del trabajo. En 1989/90 fue de 162 tn por hombre, la mayor de argentina (Apsa), mientras que, para 1992, Aceros Paraná tenía una productividad del trabajo de 208 tn por hombre (“La siderurgia en el contexto…”)