Artículo publicado en Cocecha Roja

Mariano Arcioni no pudo salirse con la suya: las manifestaciones masivas de les chubutenses en contra del extractivismo hicieron que el gobernador diera marcha atrás. Los mismos legisladores que votaron a favor de la zonificación, ahora la derogaron.


Por Natalia Arenas

A pesar del plebiscito que en 2003 quedó para la historia de las luchas ambientales argentinas cuando el 81 por ciento de la población chubutense le dijo no a la megaminería. A pesar de las multitudinarias manifestaciones en contra del extractivismo de 2020. A pesar de que en la provincia rige una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto. A pesar de todo y sin ningún consenso popular, la semana pasada y en una sesión sorpresa la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto de ley del gobernador Mariano Arcioni para eliminar la restricción minera en los departamentos de Gastre y Telsen, un área de meseta poco habitada en el centro norte de la provincia.

Pero si hay algo que sabemos de Chubut es que su pueblo resiste y que no va a permitir que el Gobierno avance a favor de la megaminería. Y así fue: ni bien se aprobó el proyecto que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, exceptuar zonas de la provincia de la prohibición que rige por la ley 5001, organizaciones, asambleas y vecines salieron a las calles a decirle no a la megaminería. Hubo manifestaciones en toda la provincia y en varias ciudades de todo el país.

Y, para sorpresa de nadie, hubo una feroz represión policial que dejó como saldo decenas de herides con balas de goma y siete detenides. Las manifestaciones se mantuvieron durante todo el fin de semana.

Y al gobernador Arcioni no le quedó otra alternativa que dar marcha atrás: este martes, bien temprano, la Legislatura chubutense sesionó de manera virtual y, por unanimidad, derogó la ley. Es decir: los mismos 14 legisladores que habían votado a favor, ahora dijeron sí a la derogación. En los próximos 180 días se convocará a un plebiscito que confirme o rectifique la propuesta de zonificar la provincia.

Maniobras para hacer de Chubut una provincia megaminera

El mismo día que Arcioni presentó su propuesta, como supuesta solución a la crisis financiera que transita la provincia desde 2016, las asambleas del No a la Mina presentaron un proyecto de iniciativa popular, que juntó 30 mil firmas en menos de 100 días: busca completar los “baches” de la ley 5001 para frenar el avance de las mineras.

Las distintas organizaciones y movimientos ambientalistas que se vienen manifestando en la provincia en contra del proyecto y que denuncian que es una iniciativa consensuada con el sector empresario minero y constructor pero no con lxs vecinxs, lograron unir fuerzas.

El movimiento de organizaciones y asambleas que le dicen No a la Mina también tiene el apoyo de sectores académicos: en una carta firmada por representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el Conicet y el INTA y dirigida al presidente de la Legislatura, indicaron que “no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley”.

Quienes también están atentos pero deseando lo contrario son las cámaras empresariales que apoyan la iniciativa. Y, claro, la compañía transnacional canadiense Pan American Silver, que pondría en marcha en Gastre y Telsen el denominado “Proyecto Navidad” centrado en la extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto.

De 100 lucas a 10 millones por un voto

A fines del año pasado, se destaparon varios hechos de corrupción que involucran a empresarios y a legisladores. Los más resonantes fueron la cámara cámara oculta al diputado provincial del PRO, Sebastián López, pidiendo “cien lucas” para actuar en favor del lobby minero, y el audio de la diputada Leila Lloyd Jones, asegurando que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería “es de 10 millones de pesos”.

En febrero de este año, cuando Arcioni intentó meter el proyecto en la Legislatura, Cosecha Roja conversó con Zulma Usqueda, del Foro Social y Ambiental de la Patagonia. “A nivel provincial es una falta de respeto total de un gobierno supuestamente demócratico a la voluntad del pueblo”, dijo. “Hace 18 años venimos luchando para que las empresas mineras no ingresen a la provincia”, contó. Hicieron acciones callejeras, legales y mandaron notas a ministros nacionales y provinciales.

“Consideramos que si se aprueba, eso va a generar una indignación tal que el pueblo se va a manifestar. Y lo que suceda va a ser responsabilidad del presidente Alberto Fernández, que apoya al gobernador Arcioni, del propio gobernador y de los ministros nacionales y provinciales de Medio ambiente, Hidrocarburo y Agricultura”, agregó.

Usqueda remarcó que en la provincia están atravesando “una crisis ética y económica”. Por esos días hacía tres meses que los estatales no cobraban sus sueldos. “Nos han llevado a esta crisis planificada para que ingrese la megaminería contra nuestra voluntad”, aseguró.

La megaminería en la Argentina

En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, entre ellas Chubut, la actividad fue prohibida.

Tal como explicaba en una nota en el sitio En estos días el Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNQ, Adrián Monteleone, “la megaminería es un tipo de actividad que utiliza miles de toneladas de explosivos para realizar las “voladuras” en los cerros”.

“Esta actividad a cielo abierto, implica un nivel de extracción elevado y sostenido de minerales en el tiempo, sumado al uso de diversas sustancias químicas que en poca proporción pueden contaminar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Así también, la minería requiere el uso de una gran cantidad de agua”. Según la empresa Barrick Gold, encargada de la explotación de la mina El Veladero en la provincia de San Juan, “para la extracción de 1 kilo de oro se requiere el uso de 380 mil litros de agua, 849 kg de cianuro de sodio y 1.104 kg de explosivos”.

Natalia Arenas
Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Diplomada de la Universidad de Buenos Aires en Géneros y Movimientos Feministas, y en la Universidad de San Martín en Géneros, Raza e Injusticia. Fue subeditora del sitio web de Diario Popular. Actualmente es redactora en Cosecha Roja y colabora en otros medios. En 2018 ganó el Premio Lola Mora en la categoría prensa digital por su trabajo en Cosecha Roja.

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