Comunicado de la Asamblea No a la Mina de Esquel

Después de haberse visto obligado a retroceder en el proyecto de zonificación producto de la inmensa rebelión popular que se dió en la provincia de Chubut, en rechazo a la megaminería, el gobierno de Arcioni, las corporaciones mineras y sus socios políticos vuelven a la carga contra las y los luchadores en defensa del agua. Esta vez el método utilizado es la persecusión judicial, recurso sobradas veces usado contra luchadores y luchadoras.

Este nuevo ataque demuestra claramente que la pelea está lejos de terminar y que la tarea que tienen por delante las asambleas es ardua y necesita de la unificación de las luchas ambientales (y también las no directamente ambientales) a invel nacional e internacional.

Compartimos este comunicado de la Asamblea No a la Mina de Esquel con nuestra solidaridad y la puesta a disposición de nuestro humilde medio de esta y todas las luchas.


Desde la Asamblea No a la Mina Esquel consideramos que hay mucho que no se ha dicho y que es necesario expresar para una visión no sólo más equilibrada sino más realista de las situaciones y escenarios que se vienen viviendo en nuestra provincia hace décadas.

En el marco de la rebelión generalizada de hace unos días uno de los edificios afectados fue el de un diario provincial, el diario El Chubut. Y desde distintos medios y también desde sectores de la política, se ha hablado de un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo esas mismas voces omiten -a conciencia- el hecho de que ese mismo diario funciona intensa y ostentosamente como un medio hegemónico de desinformación al servicio de las corporaciones mineras. Lejos de cumplir el rol periodístico de informar al pueblo se ocupan de mentir y criminalizar las protestas, por supuesto con cómplices del aparato político. No nos olvidamos que es el diario El Chubut quien viene atacando al pueblo, y en especial, a les trabajadores en lucha desde hace años.

El día lunes 27, tres compañeros han sido detenidos por formar parte de la rebelión popular en Chubut. Realizada la audiencia de detención se determinaron 60 días de prisión preventiva para los detenidos. Denunciamos primeramente que no habría ninguna prueba en contra de estas tres personas, que en la audiencia que debiera ser pública no se dejó ingresar a la Comisión Contra la Impunidad y la Justicia ni a familiares de los detenidos. Audiencia que se dio con un operativo desmedido de las fuerzas armadas e infantería y en el medio de un hermetismo absoluto sobre la información.

Otro aspecto que resulta imperioso es poner estas detenciones arbitrarias en el contexto de una rebelión popular que se dio a lo largo y ancho de Chubut. El gobierno dice que oyó, pero claramente no escuchó. Este es el momento en el cual tanto las multinacionales mineras como los cómplices políticos arremeten con la intención de criminalizar la protesta social, cazando ciudadanes en defensa del agua y el territorio con el objetivo sucio y nefasto de disciplinar.

También somos concientes de que en este marco de rebelión popular, sin los actos de público conocimiento, seguramente los socios del poder hubieran seguido con su atropello al pueblo, con una muy menor difusión por parte de muchos medios nacionales e internacionales. Lo cual en sí mismo representa un peligrosísimo antecedente de la incapacidad del sistema supuestamente republicano para representar realmente los intereses y la voluntad de la población. En todo caso, y si vamos a ser culpables de hasta los desmanes de las personas infiltradas, se actuó en legítima defensa de nuestros derechos avasallados: a un ambiente sano, a la consulta previa, libre e informada, al tratamiento de la IP, a los derechos otorgados por el Acuerdo de Escazú, a la libre protesta.

También queremos señalar y rechazar la complicidad judicial, dada la celeridad con que investigan el supuesto atentado a la propiedad privada del medio de comunicación pro minero. Al mismo tiempo que nada hacen respecto al accionar ilegal de las fuerzas represivas contra la integridad física de las personas en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta, aún habiendo pruebas tales como fotos y filmaciones de sobra para investigar el accionar de las fuerzas, incluso de ellas mismas generando daños materiales a comercios y edificios públicos. No sólo eso, sino que la justicia legitimaría como prueba suficiente para determinar prisión preventiva los dichos de un comisario infiltrado en una asamblea donde habría escuchado a uno de los compañeros detenidos arengar para la acción en el diario El Chubut. Repudiamos rotundamente este pobre accionar de la justicia. Legitimar el espionaje en las asambleas ciudadanas es muy grave, además de aleccionador para todes quienes participamos libremente
en ellas.

La lucha sigue. Acompañamos a nuestros compañeros por la persecución política que están sufriendo e insistimos en que esta lucha es de todes. Nuevamente le decimos a los responsables políticos de turno, Mariano Arcioni, legisladores y corporaciones mineras, que no vamos a permitir que vulneren nuestros derechos y que si algo hemos aprendido del Chubutazo es que estamos más unidos que nunca. Nos tocan a une, nos tocan a todes.

¡LUCHAR NO ES DELITO!

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