Compartimos y adherimos, quienes hacemos Borrador Definitivo, a esta declaración expresada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Y demandamos la puesta en marcha de una campaña nacional e internacional reclamando la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, así como también de Sebastián Romero, otro de los condenados por la resistencia popular de diciembre del 2017.


Hace instantes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal NRO. 3 dio a conocer su veredicto condenatorio respecto de Daniel Ruiz y César Arakaki, procesados por ser parte de las jornadas de lucha contra la reforma jubilatoria allá por diciembre del 2017.

Pese a haber acreditado la absoluta ausencia de prueba para tener por probados los delitos que le atribuían a Daniel y César,  el juez a cargo del juicio Javier Ríos, ha decidido condenar a nuestros compañeros:

  • A la pena de 3 años y 4 meses de cumplimiento efectivo respecto de César Arakaki por los delitos de lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por mano armada e intervención de más de tres personas.
  • A la pena de 3 años de cumplimiento efectivo en relación a Daniel Ruiz por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad y por ser cometido con arma y en conjunto con más de tres personas.

Haciendo uso de las facultades que le otorga el código de procedimiento, los fundamentos de la sentencia recién van a ser publicados el 4 de febrero del 2022.

O sea, hasta ese entonces deberemos esperar para conocer cuáles son las razones legales y judiciales para semejantes condenas, acordes a lo solicitado por la fiscalía.

Sin perjuicio de esa espera para acceder a las razones formales, las razones políticas de este vergonzoso fallo están a la vista: Daniel y César deben pagar con sus cuerpos, con sus libertades, por ser parte de auténticas luchas de nuestra clase obrera.

Repetimos: no se han corroborado los delitos por los cuales fueron condenados.

Usar pirotecnia no es usar un arma.

Protestar no es delito.

Hacer saber al congreso el repudio que generó la votación de la reforma jubilatoria regresiva no es intimidación pública, es ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y expresión.

Claramente, el derecho a la lucha jamás será escrito y respetado por los agentes de este sistema, del cual el poder judicial es eso, un poder más.

Por supuesto que este fallo va a ser recurrido ante las instancias superiores. Seguiremos luchando por la absolución de Daniel Ruiz y César Arakaki.

¡Arriba les que luchan!

¡Absolución para César y Daniel, la lucha sigue!

8 de noviembre 2021

EMVJ