Artículo publicado por AnRed

Como no podía ser de otra manera, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se adueñó de la agenda mediática y pública. Desde los debates, hasta el tiempo empleado en medios de comunicación, incluso con distintas posiciones. No faltaron “fake news” ni posiciones inefables. Pero las consecuencias del atentado y los consensos que parecen imponerse dejan alertas y preguntas que no cuentan con la difusión pertinente. ¿Qué sucederá con el accionar de las fuerzas represivas? ¿Qué entendemos por “casta política”? ¿Se oponen realmente a los privilegios quienes alzan el grito en el cielo hablando de “casta política”? ¿Qué pasará con los medios hegemónicos de comunicación y sus discursos de odio? ¿Por qué otros atentados contra la democracia, como la desaparición de personas o los asesinatos cometidos por fuerzas represivas, no reciben en la mayoría de los casos la atención pertinente? ¿De qué se trata la “paz social” que buscan imponer? Por Ramiro Giganti (ANRed). 


«El que vive de la infamia, o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta: se ha de pelear contra ella (…) ver en calma un crimen es cometerlo», José Martí. Discurso, pronunciado el 30 de noviembre de 1889.

Es viernes, faltan 6 días para el atentado. La noticia de alegato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las, poco ilustradas declaraciones del fiscal Luciani invadieron la agenda política y mediática. Atrás quedó la tremenda noticia del fallecimiento de una niña de 11 años con síntomas de desnutrición, en la capital y a su vez ciudad más próspera de un país productor de alimentos donde la mitad de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y su salario promedio está cada vez más lejos de alcanzar a la canasta básica. En los días previos el ajuste siguió avanzando, no solo por los inminentes aumentos de tarifas, y por concretos recortes en Salud, Educación, u Obra Pública. El humo proveniente de los incendios en el Delta del Paraná también parece quedar en el olvido.

Ese pasado viernes 26 de agosto, se realizó una nueva Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Allí familiares de víctimas de la violencia institucional se movilizaron en las principales ciudades del país. En Buenos Aires la movilización fue de Congreso a Plaza de Mayo. Las masas militantes que coparon las calles de Recoleta brillaron por su ausencia, al igual que los medios hegemónicos de ambos lados de la grieta, más allá de algún pequeño informe marginal. Pese a ello miles de personas se movilizaron para repudiar la violencia institucional. A Buenos Aires vinieron madres de víctimas en el Chaco, como Alejandra Ciriaco, la madre de Ismael Ramírez, el niño asesinado en septiembre de 2018 en la localidad de Roque Sáenz Peña. “Ya sabemos que la justicia para nosotros es una mierda porque somos humildes, pero las madres vamos a seguir estando en las calles”, declaró en una entrevista con este medio mientras reclama que se reabra la causa archivada. También estuvo presente Nora Nieto, madre de Leandro Bravo, asesinado por la policía en la ciudad de Charata, Chaco: “Se cumplen 6 meses de su fallecimiento, él fue torturado durante media hora. Encontramos en su cuerpo hasta quemaduras de entre 70  y 90 grados, generadas por chapas, le han reventado los pulmones, le reventaron el hígado y murió asfixiado, por ahorcamiento”, recordó.

Familiares de víctimas de gatillo fácil en la movilización del pasado 26/8 en CABA.

Mientras esto sucedía, el debate en los medios hegemónicos giraba alrededor de la posibilidad de cocinar choripanes en Recoleta. Fue ese fin de semana que la violencia institucional se metió en el debate cuando la Policía de la Ciudad reprimió a manifestantes y  agredió e insultó al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta. La injustificable agresión al diputado fue informada y al menos por un sector, denunciada, la gran cantidad de crímenes fatales el día anterior, no. Como si la violencia policial hubiera comenzado con dicha agresión. Nada parece haber sucedido el día previo.

“Funcionales a la derecha”

En la movilización contra el Gatillo fácil brillaron por su ausencia, tanto agrupaciones partidarias de perfil progresista como de centro derecha. También se ausentaron las agrupaciones de extrema derecha que ganaron terreno en las pasadas elecciones con su discurso “anti casta”. Si llegara a ser cierto que Javier Milei se opone a los privilegios de la casta política como suele decirlo, no lo habría demostrado en los hechos: ninguna de las pibas y pibes asesinados por la violencia institucional recordados el viernes 26 era un “político”. Eran pibas y pibes de los barrios, no eran hijos de funcionarios ni empresarios. Pero el uso del discurso «anti casta» se vale de denuncias a la corrupción o el clientelismo político, muchas veces basadas en noticias falsas pero otras veces no. El escepticismo hacia la política no nace de un repollo o de noticias falsas sino de años de angustia por la falta de oportunidades hacia una mayoría trabajadora también decepcionada de la política tradicional y las principales fuerzas partidarias. Lamentablemente parte de ese descontento es aprovechado por la ultraderecha, que lejos está de querer terminar con los privilegios, sobre todo los de clase. 

Tras el fallido atentado contra la vicepresidenta, circuló mucha información, incluidas muchas fake news. Entre la información corroborada, quien intentó el magnicidio había sido entrevistado en otros medios, en la calle, donde repudiaba a quienes cobraban planes sociales o se movilizaban contra el ajuste. Dicho ajuste, no solo sigue en curso, sino que aparece blindado detrás de la idea de “paz social” firmada, tanto por el oficialismo como por la oposición de derecha y el titular de la UIA: el empresario Daniel Funes de Rioja.

También fue firmada por la CGT dirigida por sindicalistas que, en muchos casos, hace rato dejaron de pertenecer a la clase trabajadora para sumarse a la clase empresaria. Que algunos dirigentes sindicales hayan devenido en empresarios es algo que perjudicó a toda la actividad sindical, con numerosas maniobras por parte de los medios hegemónicos para imponer dicha generalización y así criminalizar a cualquier acción gremial.

El debate alternó fake news con temas banales como las críticas al feriado, o el largo de las uñas de la vicepresidentaSe desconoce la posibilidad de que la CGT realice algún tipo de acción ante el creciente empobrecimiento de una gran cantidad de trabajadores ocupados mientras, y recién en diciembre, el salario mínimo llegará a la irrisoria suma de 57.900 pesos mensuales. Las preguntas enumeradas al principio de esta nota tienen poca presencia en medios hegemónicos o en los debates parlamentarios. .¿Qué entendemos por “casta política”? ¿Se oponen realmente a los privilegios quienes alzan en grito en el cielo hablando de “casta política”? ¿Qué pasará con los medios hegemónicos de comunicación y sus discursos de odio? ¿Por qué otros atentados contra la democracia, como la desaparición de personas o los asesinatos cometidos por fuerzas represivas, no reciben, en la mayoría de los casos, la atención pertinente? ¿De qué se trata la “paz social” que buscan imponer? Y por último: ¿Qué sucederá con el accionar de las fuerzas represivas?

Tras un diálogo entre los funcionarios de seguridad, Aníbal Fernández y Marcelo D’ Alessandro acordaron prohibir la venta de choripanes y el uso de bombos en Recoleta dando una pista, en un tema superficial, sobre el accionar que se viene. Mientras tanto, centenares de víctimas de Gatillo Fácil continúan esperando justicia, el ajuste sigue en curso, ya nadie parece recordar que hay infancias vulneradas, y crece el peligro de que cualquier acción crítica  hacia el actual gobierno sea vinculada a dicho atentado, que fue repudiado por toda la izquierda y perpetrado por un fascista confeso que se oponía a los piquetes y las luchas gremiales.

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