Compartimos, con autorización de su autor, esta muy interesante nota publicada originalmente en Revista Sudestada.
Le bastaron sólo dos décadas para sumarse a los que dominan el agronegocio global. Lobby político y uso de la ciencia pública, la receta del crecimiento.
Por Patricio Eleisegui
Brotó en Rosario, durante el último mes de 2001. En plena huelga general, corralito bancario, represión estatal y muertos.
Muchos muertos.
Nadie reparó, pleno país incendiado, en los 23 accionistas que estamparon la firma para activar una sociedad enfocada en la naciente industria biotecnológica local. En el cenit de la peor crisis económica de la historia doméstica no hubo posibilidades de repasar los nombres de quienes, con un disimulo que recién ahora comienza a archivarse, iniciaron el camino comercial cual una simple pyme.
Nombres de peso no faltaron en aquel inicio: Gustavo Grobocopatel, emblemático CEO de Los Grobo –se corrió de ese puesto en octubre del año pasado, aunque sigue como accionista determinante–, estuvo entre los que encendieron el fuego. También, Héctor Huergo, director del suplemento agropecuario del diario Clarín y creador de Canal Rural. La presencia de este último garantiza hasta hoy un blindaje mediático superior al que ostentan rivales comerciales de perfil multinacional como Bayer o Syngenta.
Tampoco hay que olvidarse de Hugo Sigman, hombre fuerte del negocio farmacéutico local a través del holding Grupo Insud. Y hoy personaje ultra visible a partir de su intervención en el acuerdo que el Gobierno, al menos hasta ahora, mantiene con el laboratorio AstraZeneca que promueve la vacuna anti Covid-19 de la Universidad de Oxford.
Hay quien dice que cada uno de los fundadores aportó un capital inicial de 600 dólares. A esta altura de los calendarios transcurridos, imposible de confirmar. Pero la épica corporativa, mayormente en los “brunch” de corbatas y el “happy hour” entre candidatos a gerentes, es un artilugio que prende.
Con Víctor Trucco –también fundador de AAPRESID, la asociación de los productores de la siembra directa, y la CAB, que integra a las firmas locales de biotecnología– a la cabeza, Bioceres rápidamente acumuló golpes de efecto hasta arribar a un presente de liderazgo local en términos de desarrollo de transgénicos –OGMs, en la jerga–, una posición en Wall Street en franca expansión, y hasta cierto coqueteo con la masividad comercial mediante acuerdos como el abrochado ahora con Inverlat, el fondo que controla los alfajores Havanna.
El objetivo profundo, trazado por sus iniciadores hace casi dos décadas, se mantiene inalterable más allá de los cambios de gobierno, los volantazos de los que suele hacer gala la política económica interna y los flashes mediáticos de ocasión: pensar, edificar y consolidar una Monsanto local.
Y esto, ladrillo sobre ladrillo, es lo que viene ocurriendo.
El origen y la evolución de Bioceres es inseparable de la enorme capacidad de sus socios para usufructuar la ciencia pública y, en simultáneo, caminar lo más pegado posible a quien timonea el gobierno de turno.
Acorde con estas particularidades, la empresa recibió beneficios prácticamente desde el comienzo.
Como expuse en mi libro AgroTóxico (2019, Editorial Sudestada), en su inicio de actividades Bioceres obtuvo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) la cesión gratuita por 20 años de los terrenos donde todavía hoy funciona la sede de la firma y su controlado Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR).
El debut en la arena política fue a puro reflector: en los primeros días de octubre de 2015, en el mismo acto en que se comunicó la liberación comercial de la primera papa transgénica hecha en el país, la entonces presidenta Cristina Fernández anunció en un evento televisado a todo la Argentina la aprobación final de la primera soja con tolerancia a sequía a nivel mundial.
La modificación genética en cuestión, bautizada con el nombre HB4, es la misma presente en el trigo OGM de Bioceres aprobado en octubre del año pasado por la gestión que preside Alberto Fernández.
En otra muestra de la habilidad de los popes de la empresa para estrechar lazos con el poder político, representantes de la biotecnológica compartieron con Fernández una recorrida por las instalaciones de Bioceres en Santa Fe en la previa a la elección presidencial de 2019.
De vuelta en 2015, la compañía rosarina cerró un acuerdo con la estadounidense Dow para el desarrollo, a largo plazo, de semillas de la oleaginosa que acumulen más de una modificación en su ADN. La biotecnología denomina eventos apilados a estos productos de laboratorio.
Hacia adelante, el acuerdo en cuestión implica para Bioceres -junto a Arcadia, socia norteamericana de la empresa argentina desde 2012- la entrega del HB4 para que este sea incluido en la plataforma de transgénicos Exzact de Dow que, entre otras opciones, incluye inmunidad a los herbicidas glifosato y 2,4-D.
Desde entonces hasta hoy, la expansión comercial de la firma no dejó de acelerar.
Salir a comprar
En octubre de 2016, la compañía adquirió el 50 por ciento de Rizobacter, actor clave en el desarrollo de inoculantes para soja transgénica con presencia en más de 30 países. En marzo de 2019 subió su participación accionaria en esa firma al 80%.
Bioceres se aseguró la pata agrotóxica con la compra, en sociedad con la multinacional Glencore –participa en minería, petróleo y agronegocio– y las cerealeras Lartirigoyen y Sucesión de Antonio Moreno, de la mayoría accionaria de Chemotecnica.
Esta última formula 2,4-D, paraquat, glifosato, atrazina, dicamba, cipermetrina y clorpirifos, entre otros venenos mortíferos de uso agrícola. La operación se cerró en febrero de 2017.
En diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Agroindustria de aquel entonces dio luz verde al lanzamiento comercial de una variedad de cártamo transgénico promovida por INDEAR. En los papeles, el OGM es capaz de generar quimosina, un insumo de relevancia para la industria láctea de gran escala.
¿Cuántas hectáreas de cártamo modificado genéticamente se siembran hoy en el país y dónde están ubicadas? ¿La semilla incorpora resistencias a agrotóxicos? ¿Cuáles son las compañías que incluyen este OGM entre sus ingredientes? O, si se me permite, una pregunta más directa: ese OGM ¿salió realmente, alguna vez, del hábitat controlado del laboratorio o sólo resultó otra bomba de humo del marketing más efectivo?
Misterio.
Seguimos: ya en marzo de 2019, Bioceres dio un paso largo en su decisión de sentarse en la mesa global de los productores de transgénicos: bajo el símbolo “BIOX” debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE), transformándose así en la primera empresa latina de biotecnología en poner un pie en Wall Street.
Siguiente parada, noviembre de 2020: la firma desembolsó 32 millones de dólares para quedarse con un portafolio de casi 95 patentes y solicitudes de permisos de lanzamiento de nuevos OGMs propiedad, hasta ese momento, de su socia Arcadia.
La compañía concluyó el primer período de la pandemia vigente con una facturación cercana a los 125 millones de dólares -13 por ciento más que en 2019-. Pero la explosión más potente, en términos de perspectiva de negocios y dividida en dos golpes, ocurrió este año.
Primero, adquirió una participación en Moolec, compañía de agricultura molecular que manipula vegetales para sustituir proteínas de carnes, huevos y lácteos. Sólo ese movimiento disparó a 60% la acción de la firma en NYSE al conocerse la operación.
Federico Trucco, hijo de Víctor, es el actual CEO de la empresa. “Esta transacción habilita a Bioceres a ganar exposición en una industria de rápido crecimiento”, declaró vía un comunicado emitido desde la biotecnológica. “Este tipo de activos no son core para nuestro foco de negocio y esta transacción permitirá desbloquear un mayor valor potencial”, agregó.
De ampliar la garra comercial se trata.
El segundo movimiento expone lo bien que les está yendo a los accionistas de la empresa. A fines de abril, Bioceres transfirió su cotización desde NYSE al índice tecnológico NASDAQ. Sí: el mismo donde participan Apple, Tesla, Facebook, Amazon, Microsoft, Google. La firma rosarina cumplió, así, la meta de decir presente en la NBA de las finanzas.
Dos décadas después de aquel primer paso en plena catástrofe nacional, los números económicos se muestran a pedir de Huergo, Grobocopatel, Sigman y asociados: el precio de la acción pasó de los 6,75 dólares de diciembre de 2020 a los actuales 15.12.
Bioceres vale hoy 744 millones de dólares. Hace un año merodeaba los 290 millones.
¿Qué le falta a la compañía para ponerse las ropas de la funestamente conocida Monsanto –hoy Bayer–? Apenas un poco más de mundo. Mayor presencia en el resto del planeta. Territorio que Rizobacter, Arcadia y Moolec, a partir de compras y alianzas meditadas como movimientos de ajedrez, comenzaron a acercarle en estos últimos tiempos.
Ambición y mercados potenciales, en un contexto global en el que predomina el caos sanitario, nutricional, regulatorio y ambiental, sobran. Arsenales de transgénicos y venenos, también.
Fronteras hacia adentro, las influencias para continuar agigantando el tamaño están aseguradas: Bioceres integra la mesa chica de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Argentina (CONABIA), uno de los entes que, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se ocupa de dar luz verde a los cultivos modificados genéticamente que se siembran en el país.
En un claro conflicto de intereses, la compañía actúa como juez de los mismos productos que desarrolla.
El origen del trigo y la soja HB4
El HB4 incorporado al trigo y la soja parte de estudios iniciados en 2002 por un equipo de especialistas liderado por Raquel Chan, doctora en bioquímica e investigadora tanto del CONICET como de la santafesina Universidad Nacional del Litoral (UNL).
El descubrimiento emergió de una casa de estudios pública y resultó financiado con fondos estatales. La patente, por supuesto, es propiedad de Bioceres, que se hará con las regalías una vez que active la comercialización del transgénico.
Además de hacer gala de una aparente adaptación a suelos salinos o secos, el trigo que incorpora el HB4 amplía la franja de uso de un plaguicida pensado para suceder al glifosato: el glufosinato de amonio.
En este caso en particular, Bioceres tiene “contrato de exclusividad” con la etiqueta de glufosinato de amonio “Prominens”, sintetizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
El plaguicida ya es objeto de estudios científicos que lo señalan como un compuesto capaz de afectar el sistema neurotransmisor de los humanos para inducir desde la pérdida de la memoria hasta convulsiones.
Experiencias de laboratorio concretadas por la francesa Université d’Orléans constataron alteraciones cerebrales generadas por la exposición crónica al glufosinato de amonio.
A nivel local, investigaciones llevadas a cabo por científicos como Rafael Lajmanovich, experto también de la UNL, confirmaron el rasgo genotóxico y neurotóxico de las formulaciones basadas en glufosinato de amonio cuando entran en contacto con especies de anfibios, auténticos “centinelas” y modelos de estudio para la salud humana.
Según pude indagar, Bioceres controla superficies sembradas con el trigo OGM -aunque sin comercialización formal- en sendos lotes distribuidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
El cereal OGM de INDEAR fue aprobado por el gobierno argentino el 7 de octubre de 2020. Pero su lanzamiento definitivo está atado a que Brasil, principal comprador del trigo nacional, confirme que aceptará cargamentos con la manipulación genética. Los molinos en el país vecino no terminan de definirse.
La oposición más intensa, en lo que puede interpretarse como la primera grieta en el agronegocio, está en territorio local.
Ocurre que la nueva semilla, además de contar con el rechazo de organizaciones y colectivos ambientalistas, y acumular la reprobación de al menos 1.000 científicos del CONICET, recibe la condena de un actor clave en lo que hace al ámbito de la exportación y el aporte de regalías para las arcas públicas: la cadena triguera en su totalidad.
Así, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) considera que promover el trigo OGM podría significarle al país la pérdida de ganancias por más de 3.500 millones de dólares, además del cierre de al menos medio centenar de mercados.
FAIM remarca que nadie en el mundo pide un cereal OGM. Los accionistas de Bioceres contestan que NASDAQ opina lo contrario.
