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La semana andalgalense comenzó con los abrazos adeudados a los y las siete activistas que aún eran mantenidos cautivos por la justicia prominera. El lunes, finalmente volvían a ver la luz exterior. Sin embargo, las doce personas que fueron detenidas, y sus casas allanadas, seguirán cargando con la causa judicial armada a la medida de los intereses de las transnacionales.

Postales de la lucha de un pueblo por la dignidad de decidir sobre su propia existencia.

Entrevistas: Programa radial Borrador Definitivo. Edición: Elizabeth Moretti

Ahora que sabemos que todos quienes eran mantenidos como rehenes por el estado (provincial y nacional) por defender el agua, se encuentran nuevamente en sus casas, y con sus familias; nos tomamos un tiempo para detener el juego y recorrer diferentes testimonios que nos cuentan el porqué de la enorme lucha que, desde hace años, está llevando a cabo el pueblo de Andalgalá.

Aun así, no nos olvidamos de lo urgente: el pueblo continúa militarizado. Los y las activistas temen por su seguridad. La explotación sigue su curso.

Agua Rica

Gabriela lo deja bien en claro: la principal lucha de los y las andalgalenses es por el derecho a decidir sobre su territorio:

“El proyecto tiene un montón de trabas legales –dice con respecto a Agua Rica-. Principalmente porque no cumplen con la ley general de medio ambiente, con la ley de glaciares, la ley de bosques, nuestros derechos humanos a tener un ambiente sano y a poder autodeterminarnos como pueblo en relación a qué tipo de proyectos queremos que se instalen en nuestro territorio.

La minera Agua Rica está emplazada en las cuencas que alimentan de agua a todo el pueblo.

Es gravísimo porque además romperían glaciares que están reconocidos por el ministerio de minería.

Entonces la preocupación es que, a pesar de que existen todas estas trabas legales, sobre todo la de la autodeterminación de los pueblos, porque no tienen licencia social. De todas maneras desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional también, la minería es decretada como una actividad esencial.

A pesar de que tienen un montón de bloqueos, hay una decisión política, hay determinación política de que ese emprendimiento se lleve a cabo de todas maneras. Y nos lo están haciendo saber de distintas maneras”

Gabriela es miembro de la asamblea El Algarrobo y el día que la entrevistamos estaba sosteniendo, junto con otros compañeros y compañeras, uno de los cortes selectivos e informativos a la minera, que se iniciaron el 22 de marzo, día internacional del agua.

El bloqueo estuvo dirigido a frenar el ingreso de máquinas y personal del proyecto MARA (Minera Alumbrera + Agua Rica). El estudio de impacto ambiental del cuestionado proyecto fue aprobado en una sesión exprés de zoom, sin la participación de asambleístas y en plena pandemia y confinamiento. Al mismo tiempo, el gobierno de Catamarca autorizó la realización de once pozos de exploración.

“El emprendimiento está a 17 kilómetros de Andalgalá, en el medio de la montaña –sigue contando Gabriela-. El día 7 de abril algunos compañeros pudieron hacer un registro visual de cómo pasaban las perforadoras, las maquinas, la seguridad privada, y todos estos personajes custodiados por Gendarmería.

Por supuesto que al día siguiente, cuando quisimos subir de nuevo, ya los caminos estaban cortados. Y al mismo tiempo, desde la provincia de Catamarca, mandados por el gobernador Raúl Jalil, llegaron 60 efectivos de la policía provincial, y se dictaminaron nuevas restricciones”.

El aumento exponencial de los casos de Covid registrados en el pueblo, le dio la excusa perfecta al gobierno para la ocupación de la localidad con fuerzas represivas del color y pelaje que se nos ocurra: policía provincial, el grupo de choque especial Kuntur, gendarmería y hasta un camión del ejército, que “casualmente” pasaba por allí, y bajaron en el pueblo a comprar gaseosas, según se encargó de aclarar el Ministro de Defensa, Rossi.

La verdad es que a estos mediocres magos se les ven los trucos por todas partes. Y el pueblo de Andalgalá sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de defender el agua. Tienen el cuero curtido de palos y balas, y la memoria intacta:

“Hay muchísima gente que ha vivido ese 15 de febrero del 2010, que ha visto cuáles han sido las consecuencias de ese 2010, que en las manifestaciones siguientes se han golpeado compañeros, con heridos de mucha gravedad… la gente está muy enojada. Esto es un show que están haciendo. Dicen que vienen por el coronavirus pero todos sabemos que vienen por el oro. Sabemos que están  viniendo para repetir un 15 de febrero”.

Un poco de historia

Decíamos que el pueblo andalgalense tiene memoria. Y ha aprendido, con el tiempo, a no comprar humo ni espejitos de colores.

Lo ha aprendido, es cierto, de la forma más dura: tras 25 años de la instalación de la minera Bajo la Lumbrera, Andalgalá en particular y la provincia de Catamarca en general, son de las poblaciones más pobres del país.

Jorge también milita en la Asamblea El Algarrobo, y de esta forma nos cuenta esta experiencia:

“Minera La Lumbrera fue uno de los proyectos bandera de la gestión neoliberal de Carlos Saúl Menem, allá por mediados de la década de los 90. Recordemos que a mediados de esa década se impulsa la Ley de Inversiones Mineras, y a mediados de 1997 comienza la extracción de minera La Lumbrera.

Es uno de los proyectos más grandes de Sudamérica de minería a cielo abierto. Operó durante 20 años. Ahora ya cesó ese proyecto, y en Andalgalá pareciera que nada de esto hubiera pasado en materia económica y de desarrollo económico, social y cultural.

Son millones y millones de tierra removida, millones y millones de dinamita para volar y desaparecer la montaña, millones y millones de agua dulce por día utilizada, y quién sabe cuánta cantidad de metales extraídos. Digo quién sabe porque ni siquiera los organismos oficiales y gubernamentales tienen la certeza de qué tipo de materiales y de qué cantidad hablamos cuando hablamos de todo lo que extrajo Minera La Lumbrera. Porque las empresas se asientan y crean como un estado aparte donde solamente ellas tienen la autoridad de entrar y salir y de autorizar a quiénes entran y salen. Entonces ni siquiera el estado argentino puede tener la certeza de qué cantidad y qué tipo de material han extraído”.

Según nuestro entrevistado, pasados los primeros años de construcción de infraestructura, los andalgalenses que permanecieron trabajando en La Lumbrera no superaban los 60. Al mismo tiempo, el progreso prometido a los comercios locales, las nuevas vías de comunicación, todo lo prometido, nada de eso existió.

La Lumbrera cierra el socavón, dejando atrás sólo devastación, pobreza y contaminación.

“En todas las localidades donde se han llevado adelante proyectos megamineros, hay una cuestión de pobreza y de desolación y de desamparo que es realmente llamativa, es grave. Es grave ante la comparación de tantas riquezas que se llevan prácticamente gratuitamente” concluye Jorge.

Después de esto llegan más promesas, en este caso con otro nombre: Agua Rica. Pero los y las andalgalenses ya no están dispuestos a seguir consumiendo mentiras:

“La experiencia de minera la alumbrera nos ha servido a nosotros como para comenzar a informarnos acerca del impacto ambiental que generan estos proyectos –sigue contando Jorge-. En el 2009 se conforma la Asamblea El Algarrobo, ya ante el advenimiento de la apertura de Agua Rica, y antes del 2009 ya los vecinos se habían comenzado a organizar para informarse, tomar la palabra de especialistas. Los datos que hoy nos dan es que Agua Rica es tres veces más grande que minera La Lumbrera. Y mientras Lumbrera está a 60 kilómetros de Andalgalá, a Agua Rica la tenemos a 16 kilómetros, y sobre la naciente de uno de los ríos afluentes del río que provee de agua dulce a toda la población.

El 15 de febrero de 2010, el gobierno y la empresa quisieron poner en funcionamiento este proyecto. Ante esta situación el pueblo de Andalgalá salió el 15 de febrero, hubo una gran movilización social y popular que fue reprimida duramente por las fuerzas de seguridad de infantería y de un grupo de choque de la provincia de Catamarca. Muchos heridos de bala, por suerte no tuvimos que lamentar muertes pero hubo muchas mujeres y niños baleados. Y desde entonces, Agua Rica ha hecho el intento de poner adelante al proyecto, ha cambiado de nombre, ha fusionado empresas, van y vienen de ese modo, de tal manera de tratar de lavar su imagen. Y es así que llegamos hasta el día de hoy, que en estos días estamos pasando momentos realmente muy tensos”.

La pobreza asentada sobre el oro

Catamarca fue una de las provincias donde más cantidad de personas cobraron el IFE al inicio de la pandemia. A eso, agreguemos que la misma situación sanitaria, esa que los gobernantes pretenden solucionar con armamento, es deplorable en la zona. Gabriela nos cuenta que:

“El hospital de Andalgalá está desmantelado. Vos acá no tenés para hacerte una radiografía, si yo me quiebro el dedo, probablemente me terminen derivando a la ciudad de Catamarca. Nos ha pasado con muchos compañeros de la lucha, personas grandes, que han tenido Accidentes Cerebrovasculares, y han tenido que ser trasladados porque acá no tenían para la asistencia mínima e inmediata que se necesita en un caso así. Hay poco personal, hay podo de todo acá en el hospital de Andalgalá”.

Sólo un dato más de una sociedad empobrecida y expoliada.

Alguna vez Pablo Lada, un militante anti minero de la provincia de Chubut, nos dijo que las mineras, la primera contaminación que ejercen sobre los territorios, es la contaminación social. La profunda fragmentación de la sociedad andalgalense, le da la razón:

“Las empresas vienen y hacen la promesa del empleo, que después no le dan a la gente. Porque la verdad es que las contadas personas que van a obtener trabajo en un emprendimiento así no son andalgalenses. Entonces también tienen cooptado a todo un sector de la población, sobre todo a los más jóvenes, con la promesa del trabajo, porque la verdad es que hace falta trabajo acá. Estamos de verdad muy mal económicamente en toda la provincia.

Esta fragmentación social hace que no haya paz social y que algunos contados personajes también estén siendo agresivos violentos con los asambleístas, con las personas que se están mostrando en defensa del agua. Y eso está generando una violencia y una tensión dentro del pueblo que no se vive necesariamente con los empleados de la minero, sino con los chicos a los que les están prometiendo algo que después no les van a dar” nos cuenta Gabriela, con una mezcla de tristeza a indignación.

Si lo pensamos históricamente, por lo menos desde la colonia, la extracción metalífera está indisolublemente ligada a la pobreza y al sufrimiento de los pueblos. Cientos de originarios fueron empujados a la muerte por las jornadas extenuantes de trabajo en las minas del Alto Perú, para alimentar la acumulación originaria del capitalismo naciente.

Rosa Farías, también miembro de la Asamblea El Algarrobo y defensora del agua, nos aporta un dato histórico que rara vez aparece en los libros: ya en 1824, en ocasión del préstamo que Bernardino Ravadavia gestionara con la Baring Brothers (la primera deuda externa de la nación argentina), el estado colocó a las minas de oro del Famatina como garantía de pago. Se entiende, entonces, que el extractivismo sea, en la Argentina, la única verdadera política de estado sostenida por todos los gobiernos, incluso desde antes de la constitución de la nación como tal.

“Hay un plan que se llama IIRSA, -sigue contando Rosa, con una claridad de conceptos que admiramos y agradecemos-, que lo planifica el Banco Mundial, junto con otros organismos, que tienen diagnosticadas y diagramadas, todas las obras, tanto de caminos e infraestructura vial, diques, la hidrovía. Todo eso forma parte de ese plan. Y cada gobierno que asume va haciendo un pedacito.

Entonces, nosotros a esto ya lo aprendimos: que todo gobierno que asuma, sea del color político que sea, va a estar detrás de los recursos naturales de cada uno de los pueblos de Argentina. Así que a lo lago y a lo ancho del país estamos siendo expoliados y vendidos, lamentablemente”.

Atahualpa decía que las penas y las vaquitas se iban por la misma senda. Esa senda que sirve para llevarse todo aquello que se pueda explotar, al precio del sufrimiento y la represión a quienes pretenden defender la integridad de los territorios, los derechos de los pobladores a decidir cómo vivir, la prevalencia de los ecosistemas nativos ante el avance de la devastación que suelen llamar progreso.

“Entendemos que siempre actúan de la misma manera, -dice Gabriela- que a las pueblos los cooptan de la misma manera, que usan las mismas estrategias, y que cuando esas estrategias no funcionan nos violentan de la misma manera.

Nosotros no queremos olvidarnos de lo que le pasó a Santiago Maldonado en el sur, de lo que le pasó a Rafael Nahuel, a Javier Chocovar en estos valles calchaquíes.

A todos los pueblos nos están violentando con lo mismo, formamos también parte de un plan sistémico de aniquilamiento de las poblaciones de donde ellos necesitan explotar. Entendemos que además ni siquiera depende del gobierno de turno. Creo que los principales interesados son las multinacionales, y que esas multinacionales van a apretar y van a presionar por donde sea. Todo el territorio está, una vez más, siendo blanco de una nueva colonización, que esta vez ya no llega en barco, en carabelas, con la cruz y la palabra, sino que tiene nuevas formas. Pero que no deja de ser una neo colonización, porque necesitan lo que nosotros tenemos en nuestros territorios. Entonces es inminente y es muy necesaria la unión de todos los pueblos que están transitando esta misma lucha”.

Queremos quedarnos con estas palabras, dichas desde la ruta, desde la lucha, a forma de cierre, sólo por ahora, de este artículo. Porque la resistencia, necesariamente continuará. Quienes entendemos que otro mundo es urgente, sabemos que nos va la vida en ello.

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