El texto que compartimos, fue escrito y difundido por el autor a través de sus redes sociales: Sobre la memoria, la verdad y la justicia


Por Alejandro Olmos Gaona

Nunca he cultivado los mitos a los que son tan afectos multitudes de personas, porque mi trabajo de investigador, el pretender hacer historia de la manera más rigurosa posible, me aleja de instancias peligrosas, y de ciertas formas de idealización que cultivan literatos, militantes, periodistas,  y escribidores varios de cualquier segmento ideológico. Trato dentro de lo que puedo de seguir en mis trabajos la máxima de Tacito de hacer historia “Sine ira et studio”, aunque tal pretensión haya sido vana para desmontar cosas que se instalan, se defienden, se fortalecen y resultan invulnerables a cualquier cuestionamiento. La deuda pública es una evidencia de ello, como otras tantas leyendas que se veneran escrupulosamente.  Como decía el gran historiador francés Pierre Nora «la memoria siempre es parcial» y hoy se recurre a ella, como si fuera verdad revelada, no se la pone en su contexto, no se ejerce la critica sobre ella y pareciera que todo lo que se memoriza es la fiel expresión de la verdad, aunque pueda ser una parte sesgada de ella, dejando de lado la totalidad de un proceso.

Puedo equivocarme sin duda, y lo habré hecho muchas veces en ciertas percepciones, pero jamás he ocultado evidencias, que son las que nutren mi trabajo de investigador

En lo que se refiere a la dictadura militar, esa memoria, verdad y justicia solo ha hecho foco, en asesinados, desaparecidos, torturados, habiéndose accionado judicialmente para que supuestamente se hiciera justicia respecto a los responsables de tales hechos.

Sin embargo se ha guardado un silencio impenetrable desde los poderes públicos respecto a las acciones económicas de esa dictadura, a la estructura legal que instrumentó, a los compromisos externos que fueron asumidos por ella y que respetaron todos los gobiernos desde Alfonsín al actual, sin que a nadie de los grupos mayoritarios se les moviera un pelo.  No lo podían hacer porque precisamente ellos continuaron con ese respeto venerable a todo lo que se instrumentara entre 1976 y 1983.

Leyes fundamentales que hacen a la estructura económica de la Nación que llevan la firma de Videla y de Martinez de Hoz  no solo siguen vigentes, sino que fueron ratificadas por la mayoría kirchnerista del Congreso Nacional entre los años 2013 y 2014. A esto se suma normas jurídicas como la reforma al Código Procesal Civil y Comercial que permiten el sometimiento a la jurisdicción extranjera, el Régimen Penal de la Minoridad, que fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013, las facultades para que el Poder Ejecutivo puede vender bienes del Estado en violación a la Constitución, etc.

Todas las deudas contraídas por la dictadura, en violación a normas legales, fueron no solo respetadas por la totalidad de los gobiernos constitucionales, sino renegociadas y refinanciadas, cumpliendose estrictamente con los pagos comprometidos.

Deudas impugnadas por auditores del Banco Central de la República Argentina, que han incidido gravemente en la economía del país, por el constante flujo de pagos que debieron hacerse, también fueron reconocidas.

Ninguno de los gobiernos constitucionales desde 1983 hasta el actual, quisieron hacer acciones de responsabilidad, contra los autores del endeudamiento de la dictadura y sus posteriores refinanciaciones. Vanos fueron los esfuerzos de la Fiscalía Federal N° 6, que intento varias veces que el Procurador del Tesoro se decidiera a hacer algo. El silencio fue la única respuesta, cuando no decir, que no tenían instrucciones del Poder Ejecutivo.

A pesar de que la investigación de la deuda privada en el Banco Central, que se hiciera entre 1984 y 1986, mostrara los innumerables fraudes cometidos por los grupos empresarios, no solo nada se hizo, sino que por el contrario, primero se archivó la investigación, y luego desapareció la misma. No debían quedar evidencias.

Otra investigación que probara, la pérdida entre 1981 y 1991 de más de 120.000 millones de dólares en el  Banco Central, beneficiándose a grandes grupos económicos también fue archivada, y pasó al olvido como tantas otras.

¿Donde está la Memoria, la verdad y la justicia respecto de todo esto que constituye la calamidad más grande que le ocurriera a la Argentina, y que después de 46 años sigue condicionando el futuro de la Nación?

Lamentablemente el afán discursivo que permea por todas partes, y la hojarasca dialéctica de la mayor parte de la dirigencia política oculta todo esto, ya que es cómplice de todo lo que he citado, al no haber hecho nada para cambiarlo y hacer justicia en serio.

Se  articulan relatos que no se corresponden con la realidad, se engaña con discursos anti imperialistas, mientras se negocia con la empresas transnacionales; se firman leyes y decretos considerando al país como un vulgar comerciante, que puede ser juzgado en cualquier parte, se anatematiza a la dictadura y se respeta lo firmado por ella, y se valoran y ratifican sus normas legales. Y de esa manera se sepulta la verdad y la justicia que se declama mentirosamente a cada paso.