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Este 1 de junio se cumplió un año del asesinato de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán a manos de la Policía Local, mediante la metodología del atropellamiento; esto es: usando el patrullero como arma. Compartimos los testimonios de familiares, expresados en el acto que se hizo ese mismo día, en la Plaza Mitre de la ciudad de San Nicolás.


Por Elizabeth Moretti

El 1 de junio de 2020, San Nicolás, como el resto del país, atravesaba la larguísima cuarentena iniciada en el mes de marzo de ese año. Esto se tradujo, también como en el resto del país, en un aumento exponencial de los casos de violencia policial, en manos de una fuerza represiva envalentonada por el discurso del cuidado. Los azules no dudaban ni un minuto en amedrentar a conductores en retenes vehiculares, o de apalear a pibes que jugaban a la pelota o andaban en skate en la calle. Todo en nombre de la salud de la población.

Mientras tanto, la desocupación y la pobreza aumentaban. Por un lado, un sinfín de pequeños comercios cerraba sus puertas por no poder sostener meses sin ventas. Por otro lado, los obreros de las grandes empresas, esas que siempre ganan y que, en su mayoría, no pararon sus máquinas durante la época de restricciones (tampoco lo hacen ahora), negociaban suspensiones con reducciones salariales, con el visto bueno de los líderes gremiales.

Ezequiel y Ulises eran dos ejemplos de estas realidades que describimos. Ezequiel era empleado gastronómico hasta que se quedó sin trabajo. Entonces tomó su amada moto y se largó a la calle, a ganarse el mango como cadete, hasta conseguir algo más estable. Ulises trabajaba en Siderar, la empresa de Rocca, esa que no dejó de trabajar ni un solo día durante todo el 2020, y cuyo dueño, al inicio de la pandemia, desafiaba el decreto anti-despidos dejando en la calle a 1500 trabajadores.

Ezequiel y Ulises eran amigos, y ese día se habían juntado a tomar algo. En la madrugada se quedan sin bebida y salen a buscar más, la noche todavía no había terminado. Salen sin sus documentos, no pensaban ir lejos. Pero se cruzan con un retén vehicular, de esos que se pusieron a lo largo y ancho de toda la provincia, pretendidamente para cuidar al ciudadano.

Estaban incumpliendo el aislamiento y, para más, habían salido sin los documentos de la moto. La moto que, además, era la herramienta de trabajo de Ezequiel. La situación no podía ser peor. Evaden el retén y, por un momento, parece que habían zafado, hasta que, en una esquina, un patrullero avanza hacia ellos, en contramano y sin ninguna luz prendida. Imaginemos una camioneta -de las que usa la policía, esas enormes y que siempre están abolladas (ahora sabemos por qué)- impactando contra una moto. Imaginemos. Ulises murió en el lugar. Ezequiel agonizó en el hospital durante cuatro días.

Pero eso no termina allí, por supuesto. Después vino todo el operativo de encubrimiento que bien relata Sandra, la mamá de Ezequiel, en el video. Amenazar a los vecinos y vecinas para que ni se asomen a la puerta de sus casas. Mover los cuerpos hasta que venga la ambulancia. Asentar que Ulises, en realidad, había muerto en el hospital. Los medios de prensa difundiendo la noticia del “accidente”, cuando no abiertamente criminalizando a las víctimas. El conductor del patrullero fue mantenido en su cargo durante meses, portando un arma y manejando un arma.

Lo que sigue son los testimonios de Sandra Corbalán, mamá de Ezequiel; Jeremías, hermano menor de Ezequiel; y Cristina, la madre de una de las siete víctimas de la Masacre de Pergamino (2017). Desde su lugar de familiares, nos cuentan lo que significa estar en la primera línea de fuego cuando el que dispara es el estado, en todas sus instancias.

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