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En nuestra editorial del programa Borrador Definitivo, emitido el sábado 19 de junio pasado, tratamos de reflexionar  a partir de la cruda realidad que nos rodea sobre un postulado que, de tan repetido por políticos y periodistas de un lado y otro, ha alcanzado estado de “hecho natural”. Por el mismo se asevera que en la Argentina, no existen  “políticas de estado” que se sostengan a lo largo de los diferentes gobiernos. Claro está que muchos de estos comentarios tienen que ver con promesas de campañas electorales o arengas dirigidas a impulsar “la unidad nacional”. Recogemos aquí algunas de esas reflexiones, quizás fragmentarias, pero a nuestro entender substanciales a la hora de abrir debates hacia los trabajadores y sectores populares.


Hace un tiempo que Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas de la Comunidad de Chubut, en ocasión de una entrevista que le realizáramos, nos mostrara qué tan engañoso resulta decir que la Argentina capitalista no tiene políticas de estado. Reflejando la histórica lucha del pueblo chubutense contra la megaminería, él afirmaba que las políticas extractivistas (a las cuales nos referiremos más adelante) han sido parte del plan de todos los partidos del régimen y sus gobiernos.

Pero que éste sea el caso más evidente, no significa que sea el único. Más allá de algunos planes de asistencialismo (que no se limitan a los gobiernos llamados “populistas, al contrario de la opinión más difundida), encontramos que desde hace 20 años, los datos de pobreza, hambre, indigencia, déficit habitacional y un sinfín de etcéteras, mantienen un crecimiento constante con todos los gobiernos. De igual forma que la inflación. O la precarización laboral. Pero esto lo abordaremos en otras notas.

Hoy se cuelan en la discusión de los de arriba la crisis de la educación y los servicios de salud, que ya trae décadas, pero que, en la presente coyuntura creada por la Covid, ya no se pueden barrer bajo la alfombra. En la breve reseña que ponemos a continuación, siendo conscientes de que cada uno merece un desarrollo y un debate más extensos, queremos sí señalarlos como puntos centrales.

Hoy que nos encontramos metidos en medio de una nueva campaña electoral que, como siempre, poco o nada tiene para ofrecer al conjunto del pueblo pobre y les trabajadores; donde cada representante se esfuerza por mostrarse distinto a su vecino, por hablar con un discurso original y carismático, por prometer más salud, más pavimentos, más educación, más y más… vale recordar aquellas políticas en las que, en el fondo, todos los representantes del estado y de la burguesía están de acuerdo, donde no existen las grietas partidarias.

El extractivismo

Éste es el primer ejemplo que queremos tomar, ya que expresa la política más consecuente del estado argentino y aquella que demuestra a las claras el aceitado funcionamiento de todo el régimen burgués.

Los ejecutivos no han hecho otra cosa que profundizarlo (por lo menos desde el ingreso de los transgénicos en el ’96), todas las conformaciones parlamentarias que pudieron darse en estas décadas han votado leyes y validado esas políticas, tanto nacional como provincialmente, y el poder judicial ha estado siempre dispuesto a barrer cualquier dificultad “legal” que pudiera presentarse de último momento. Todo, obviamente, con la intervención justo a tiempo de las fuerzas represivas.

Esta política se da fuertemente, sobre todo, en dos territorios: la montaña mediante la extracción minera contaminante, y la llanura, con la expansión del monocultivo transgénico y la fumigación, no sólo de los cultivos, sino afectando a los pueblos situados en las zonas aledañas a éstos. Tanto en uno como en el otro caso, quienes obtienen gordas ganancias son grandes empresas, dejando a su paso sólo desolación, enfermedad y muerte, sobre los territorios que, para el concierto de la economía mundial, fueron considerados zonas de sacrificio.

Pero estas políticas no avanzaron sin contratiempos. Chocaron con la resistencia popular que, peleando contra los gobiernos entendieron que la calidad de vida que ellos defienden nada tiene que ver con los intereses protegidos por las dirigencias políticas, paradas siempre del lado de la defensa de las empresas y del negocio capitalista. Y los enemigos tienen y tuvieron nombre: la Barrick, La Alumbrera, Monsanto… pero ahora también la “estatal” YPF entre otras.

La provincia de Chubut es un ícono de estas luchas y Esquel, con más de 20 años resistiendo la minería de oro y otros metales a cielo abierto, su mayor emblema. No sólo están enfrentándose a las empresas que nunca cejaron en su empeño, sino a gobiernos como el actual de Arcioni, que a pesar de la mediación de la campaña electoral (donde seguramente muchos trataran de colocarse al lado “del pueblo”) insiste en la “rezonificación” que les permita a las mineras, convertir la provincia en un queso gruyere. Y en el juego de esta democracia al servicio de los ricos, la justicia aparece nuevamente al servicio de las empresas  haciendo caer la cautelar presentada por las comunidades mapuche-tehuelche, que frenaba su tratamiento legislativo. Una vez más (y van…) se demuestra el virtuoso juego de las instituciones del régimen burgués.

Otro ejemplo es el de Mendoza. Todos recordamos aquellos diez días de diciembre de 2019 en la provincia cuando, con movilizaciones, mendocinos y mendocinas lograron restituir la vigencia de la ley 7722, que regula la actividad minera en la zona, prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas.

Recordemos al pasar, que la derogación de esta ley por otra más amigable con el negocio de la megaminería fue uno de los primeros anuncios de Alberto Fernández ya como presidente, en una reunión empresarial con sus “archienemigos” Rocca y Magneto. Cosas de la vida…

Hoy que la 7722 vuelve a estar en vigencia, la justicia mendocina decide no limitar el poder de la mineras, de los Manzano y los Vila y sus compañías que están destruyendo el sur mendocino, sino que se dedica a imputar a militantes de la Asamblea por el agua de Las Heras (Nora Moyano, Pablo Masutti, Marcelo Giraud y Carlos Ruso) bajo los cargos de “secuestro, agresión e instigación de masas”. Seguramente con esta causa intentan asustar al activismo y preparar una nueva arremetida por la derogación de la 7722.

Estamos convencidos de que en Chubut, Mendoza, Catamarca y otros lados, esta cuestión se dirimirá en las calles y en la capacidad de los pueblos de organizarse y movilizarse contra estas políticas. La cuestión vuelve ahora a ser la misma de siempre, sólo la respuesta de las asambleas y la movilización popular podrán detener una vez más esta arremetida.

Pero, como decíamos arriba, el extractivismo no sólo tiene lugar en la montaña o en los agrestes paisajes de nuestro sur. Cuando el menemismo a través de actual canciller Felipe Sola abrió las puertas a los transgénicos y a la fumigación con glifosato y otros tóxicos, la pampa húmeda multiplicó sus hectáreas a fuerza de expansión de las fronteras agrícolas, el desalojo de comunidades originarias, la progresiva destrucción de los ecosistemas nativos, todo para trocarlos por un desierto verde que consume la locura de entre 10 y 15 litros de glifosato por habitante por año (todo un record mundial), que envenenan sistemáticamente la comida que consumimos.

Volviendo al comienzo de la nota, habría que preguntarse, en estas políticas, dónde está la “grieta”.

A los pueblos cordilleranos se les promete trabajo y beneficios. Mientras que en la llanura se escucha siempre aquella frase que dice que: “si le va bien al campo, nos va bien a todos”. Pero: ¿esto es verdaderamente así? Año tras año, gobierno tras gobierno los datos desmienten esta vieja ilusión. En este año, los precios internacionales de la soja vienen creciendo de manera sostenida, al igual que sus derivados (el aceite, la harina, el biodisel, etc.). Así es que se prevé que la presente campaña termine con un ingreso de 38 mil millones de dólares, superando al año pasado en 10 mil millones de la misma moneda y al récord del 2011/12, que alcanzó los 33 mil millones. Por esa vía y en concepto de retenciones, al Banco Central habrán de quedarle algo así como 9 mil millones.

Pero para que aquel axioma citado más arriba sea realidad, semejante maza de dinero debería ser volcada, y más en los días que corren, en salud, educación y ayuda a los sectores que cayeron por debajo de la línea de pobreza, que ya suman casi el 50% de la población. Sin embargo el gobierno hace otras cuentas: 2.400 millones al Club de Paris y 3.600 al FMI, por los vencimientos de este año. Con esto, los ingresos por retenciones quedan prácticamente anulados. Por lo tanto aquello de que “ganamos todos” se vuelve indemostrable, a no ser que Todos refiera a las fabulosas ganancias de las empresas agroexportadoras y de los organismos internacionales de crédito que siguen exigiendo más y más medidas de ajuste.

La Educación sin grietas

El miércoles 16 de junio pasado regresaron las clases presenciales en las escuelas de la región denominada AMBA (Capital Federal más el Conurbano Bonaerense). En los hechos se produjo una concordancia entre el gobernador de la provincia de Bs. As., Axel Kiciloff y el opositor jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta; de la misma manera que ya había ocurrido hace varios meses con la mayoría de los gobernadores peronistas. La vuelta a las escuelas también se impartió en otros distritos de la provincia y del resto del país. En el caso de San Nicolás, se mantuvo la virtualidad hasta fin de mes por lo menos.

Para tener una idea del movimiento de personas que esto implica miremos los números del AMBA: 3,5 millones de chicos de escuelas públicas y privadas. En momentos en que se aproxima el invierno, el frío, y con la pandemia todavía en niveles altos de contagios y muertes, con el sistema de salud colapsado y con millones de familias viviendo en la precariedad, se ordena la reapertura de los colegios.

¿Había condiciones para el regreso a la actividad presencial? Tan solo con observar un poco el estado de las escuelas o consultar a docentes y estudiantes nos daremos cuenta que apenas existieron algunos arreglos superficiales y aquellos que tengan que ver con los “protocolos”.

Ni el Ministerio de Educación, ni las gobernaciones, ni los municipios invirtieron en los edificios escolares para el invierno, ni proveyeron de material pedagógico para trabajar en las escuelas. Pero tampoco están demasiado preocupados por la continuidad educativa fuera de los edificios escolares: a más de un año de la suspensión, tampoco se invirtió en organizar la virtualidad, que sigue dependiendo de los recursos económicos de docentes, estudiantes y sus familias, lo que provoca un amplio porcentaje de desconexión pedagógica en lo que va del año, al igual que durante el 2020.

Un ejemplo es la situación de Moreno donde el relevamiento oficial muestra que, sobre un total de 83 escuelas Primarias, 38 (un 46 por ciento) presentan problemas con el gas, desglosado en pérdidas y/o fugas, falta de prueba de hermeticidad, suministro cortado y establecimientos en obra. (Por Desalambrar en Anred).

Lógicamente, la asistencia fue baja. En Capital Federal, por nombrar un dato, de un 18%. Al mismo tiempo que numerosos escuelas no pudieron abrir sus puertas por falta de gas, calefacción, y, donde sí abrieron los estudiantes tuvieron que recurrir a un alto repertorio de abrigos y hasta frazadas o mantas para soportar la semana de más frío del año, en aulas con ventanas y puertas abiertas, y casi vacías.

Como vemos, la educación es otro de esos campos centrales en donde abundan los acuerdos en la clase gobernante y el Estado actúa en consecuencia. La irrupción de la pandemia no modificó esta lógica que viene avanzando hace décadas más allá de los gobierno de turno, más bien la está consolidando y ahondando de forma dramática.

Desde la última dictadura instaurada en marzo de 1976, el Estado desarrolla una política consciente de abandono y desinversión, una educación tradicional domesticadora, la desintegración del sistema nacional educativo y la mercantilización que promueve el avance de los negocios y lo privado en la práctica.  Este último factor, durante el ciclo 2020/2021 se mostró con agudeza, ya que buena parte del vínculo docente-estudiante sigue siendo a través de plataformas privadas como zoom, meet, clasroom, wsp, etc., generando suculentas ganancias y espacio de negocios para las trasnacionales tecnológicas, al mismo tiempo que se ahonda el marasmo educativo.

Los sucesivos gobiernos posteriores, hasta la actualidad, continuaron con dicho proyecto que fue profundizando a crisis del ámbito educativo a niveles insostenibles. La irrupción de la pandemia terminó de hacer colapsar el sistema de educación, especialmente al sector público donde acuden los sectores más vulnerables.

Ni hablar de que todo lo mencionado está provocando la consolidación de una pedagogía tradicional centrada en la memorización, en la estandarización, el individualismo, en el sálvese quien pueda y donde se responsabiliza a los alumnos por no poder acceder, dejando un espacio nulo para la lucha en pos de pedagogías contestarias y el pensamiento crítico.

Claramente, que las escuelas estén abiertas es un programa, es una bandera de las clases dominantes de nuestro país, y el estado, como instrumento de ellas, actúa en consecuencia, para mantener la maquinaria de explotación en funcionamiento. El poder económico manda, la casta política obedece.

Las burocracias de los sindicatos docentes más grandes son totalmente funcionales a esta política de Estado, con Ctera y el Frente Gremial de la provincia de Bs. As. al frente. Dichos gremios son una columna esencial, más aún en las condiciones actuales, que actúan de colaterales del Ministerio de Educación. Se desempeñan en la práctica como secretarios sin cartera de Fernández, Trotta y Kicillof, siendo el rol más brutal, el ejercido por Roberto Baradel, quien cubre las espaldas oficiales hablando de supuestas inversiones y limitando las responsabilidades exclusivamente a la anterior administración de Cambiemos, a Macri y Vidal.

El colectivo docente y la clase obrera no pudieron romper la estrategia dominante con respecto a la educación pública. Las consecuencias de la gestión estatal de la pandemia en el terreno educativo se vuelven dramáticas, destruyendo la escuela pública y la vida de las familias, ambos como fruto de un proceso de largo plazo. Las soluciones sólo pueden esperarse desde abajo.

Salud para pocos

Por último queremos señalar la crisis que se vive en el orden de la salud pública y en la mayoría de las obras sociales en los distintos territorios. A pesar de los anuncios rimbombantes de la Ministra de Salud, y de los ministerios provinciales, lo cierto es que poco y nada se ha hecho para enfrentar la segunda “ola”. No sólo no ha habido inversiones en nuevas salas y camas (en muchos hospitales “a las disparadas” se colocan camillas en los pasillos) sino, lo que es peor, no se ha tomado personal ni medico ni paramédico siquiera para suplir a los muertos e infectados. Y, cuando a cuentagotas se lo ha hecho, es mediante contratos basura, como monotributistas y precarizados.

Santa fe y Neuquén son un claro ejemplo de esto. En la provincia patagónica, el 30 % del personal de salud está en esta situación. Así las y los trabajadores de la salud, que fueron elevados a la postura de héroes durante la actual coyuntura sanitaria, son, en la realidad, quienes más vienen advirtiendo, denunciando y sufriendo las consecuencias del progresivo vaciamiento y desmembramiento del sistema de salud.

Hace pocos días, en un acto de campaña, Cristina Fernández, junto a Kicilof, insistía en la necesidad de una integración seria del sistema de salud (público y privado). Más allá de que este anuncio se parece más a otra promesa electoral, a la vice presidenta se le olvida mencionar que fue el gobierno del cual ella forma parte, el que decidió reducir el presupuesto 2021 para salud (un 10% por debajo del ejecutado del 2021 y muy lejos del 29% de inflación previsto por el ministro Guzmán, cifra que a esta altura se demuestra como absolutamente mentirosa). Un brutal ajuste que contrasta con las partidas asignadas a pagos de la deuda externa.

De más está decir que este ajuste pasa con represión, como la que llevó adelante la Prefectura Federal con gases y palos, a una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la salud de CABA y el Conurbano Bonaerense, que reclamaban mejores salarios y condiciones dignas de contratación y trabajo. Y si bien en este caso, los reclamos estaban dirigidos mayormente hacia el gobierno de la ciudad, fue una fuerza represiva federal la que actuó, demostrando nuevamente la ficción de la “grieta”.

Pero ese hecho no es nuevo: a lo largo y ancho de todo el país, trabajadores de salud se han movilizado, desde el inicio de la pandemia, reclamando mayor presupuesto y condiciones dignas y seguras de trabajo, sin ser escuchados. De hecho, el gremio sanitario es el que mayor incidencia de contagios y muertes por Covid tiene, reflejando no sólo la emergencia sino problemas estructurales por los cuales médicos y enfermeros deben trabajar en dos o tres lugares para hacerse un sueldo más o menos digno.

Nuevamente nos remitimos al comienzo de la nota, donde señalábamos los fabulosos ingresos y negocios con la soja y su utilización, no justamente para beneficiar a los sectores populares mejorando la salud o las condiciones de vida de las mayorías.

Pero el problema de salud va más allá de reclamos sectoriales. Mientras las cerealeras, la mineras y los bancos la “levantan en pala”, millones viven en la indigencia y la pobreza, mal alimentados, sin agua potable ni sistemas sanitarios eficientes y en condiciones de vivienda espantosas. Todavía están frescas las imágenes de la represión en Guernica contra quienes sólo querían un pedazo de tierra y un techo, por más miserable que sea. Sin resolver estas cuestiones de fondo que hacen a la lógica de un estado capitalista, por más vacunas (seguras o dudosas) y más confinamientos que haya, no garantizan ya no sólo resolver la pandemia Covid, sino poder combatir infinidad de enfermedades producto de esas condiciones de vida negadas.

En medio de esto, la pelea de los Elefantes en Neuquén marcó un mojón histórico, dejando bien en claro que la lucha es contra el estado y también contra las direcciones sindicales traidoras, y que se dará mediante la más amplia democracia de base.

Terminamos, entonces, esta editorial, de la misma forma en que la vinimos desarrollando, con la convicción de que, ante un acuerdo generalizado de los hilos que manejan el estado, en la imposición de determinadas políticas que siempre son en contra del pueblo trabajador y oprimido, será desde la organización auto determinada desde abajo, desde las asambleas y la lucha callejera de donde saldrán las soluciones a los problemas de las clases laboriosas.

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