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Finalmente, y con una ventaja incluso mayor a la esperada, el senado aprobó, en la madrugada del miércoles 30 de diciembre, la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentada por el gobierno. A contrario de lo que pueda parecer (que este hecho sea visto como el punto de llegada de un largo camino de décadas) son muchas las cosas que aún deben decirse sobre el tema, a riesgo de -de no decirlas- quedar entrampados en un triunfalismo autocomplaciente que, nos parece, no le hace ningún bien tanto al movimiento de mujeres como a lxs oprimidxs en general. Comencemos estableciendo claramente que consideramos la aprobación como un importantísimo paso adelante para quienes luchamos por un mundo más justo. Este paso -importante es también señalarlo- se gesta en la pelea que desde hace décadas vienen llevando adelante los diversos feminismos; y que, por lo menos desde el 2015, se vio reflejada en masivas movilizaciones callejeras, con el nacimiento de una nueva generación militante que ingresó a la praxis política, en muchos casos, al calor de esta lucha.Destacamos esto, justamente, ante el riesgo de que la aprobación de esta ley signifique la legitimación de las instituciones del estado burgués, concebidas para sostener la explotación y la opresión de clase y también patriarcal.Pero hay que marcar también que la ley aprobada y que aún falta reglamentar no es la misma presentada año tras año por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito. La primera gran deferencia es de método: el proyecto de la campaña había sido discutido y diseñado de manera colectiva y venía siendo sostenido desde hace años por el movimiento de mujeres; mientras que el proyecto oficial fue diseñado y presentado de forma unilateral por el gobierno. Y aunque alguien pueda decir que el camino recorrido no importa si se llega al mismo destino, creemos que los métodos utilizados muchas veces determinan el resultado.Y es que, en realidad, el destino al cual se llega no es el mismo. Tanto más, con las sucesivas modificaciones hechas al proyecto original para hacerlo más amigable a los sectores más a la derecha, hacerse un aborto con la plena vigencia de esta ley puede llegar a ser más o menos asequible o prácticamente imposible, dependiendo de la provincia en donde uno se encuentre y de la cobertura médica de la cual goce.¿A qué nos referimos?La cantidad de semanas para autorizar la intervención se mantiene en 14 (tres meses y medio), pero lo que cambia es que, por fuera de ese plazo, la ley aprobada mantiene la criminalización. Al mismo tiempo, se establecía la posibilidad de mantener la interrupción legal pasado ese tiempo, cuando se necesitase resguardar la “salud integral” de la mujer o persona gestante; el presidente se comprometió a vetar en particular este punto, para mantener sólo una vaga referencia a la salud física. Cabe recordar la definición de la OMS de salud: «La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad». Nada de esto estaría contemplado en la nueva ley.En segundo lugar está la tan meneada objeción de conciencia. En el proyecto original de la Campaña Nacional, este punto ni se mencionaba; mientras que la ley votada la madrugada del miércoles establece parámetros tan amplios para la misma que, en los hechos, permite a las clínicas privadas la objeción de conciencia institucional (aunque no lo mencione con esas palabras). A los hospitales públicos, por otro lado, no se los menciona en este punto del texto, dejando todo en una nebulosa fértil para la injerencia eclesiástica aun en las instituciones del estado. Es de una ingenuidad absoluta pensar que cada profesional pueda, en la soledad de su conciencia, decidir si hacer o no un aborto. Sabemos perfectamente que las presiones de los empresarios de la salud y de las instituciones religiosas enquistadas tanto en el ámbito público como en el privado, suelen decidir mucho más que la supuesta conciencia individual.He aquí los puntos más importantes de conflicto entre la ley votada en el congreso y el proyecto originalmente construido y defendido por el movimiento de mujeres. Hay otros puntos que no detallaremos.Pero más allá de la letra pura de la ley, hay otras cuestiones más profundas a considerar.Y la principal es pensar por qué este gobierno, que había hecho una campaña difusa con la legalización del aborto (en realidad había hablado de despenalización), después utilizó la excusa de la pandemia para decir que no era el momento de discutirlo, para finalmente enviar el proyecto de apuro cerca del fin de año, y hacerlo votar en tiempo récord.Quizás si ampliamos un poco la mirada hacia la situación nacional podamos encontrar la respuesta.El gobierno de los Fernández, que había ganado en imagen positiva con el inicio de la cuarentena y el sostenimiento de una situación sanitaria más o menos controlada, vio caerse ese castillo de naipes al piso con el primer soplido.La situación sanitaria está absolutamente desmadrada desde, por lo manos, el inicio de la temporada estival. Hace meses que Argentina no baja de los primeros 15 puestos en relación a cantidad de contagios y muertes por Covid por cada millón de habitantes; mientras que, al mismo tiempo, se encuentra cerca del puesto 150 en cantidad de testeos. Los reclamos del personal de salud se multiplican semana a semana, tanto en lo salarial como referentes a las condiciones de trabajo y la inmensa cantidad de trabajadores infectados y muertos. Ni los sectores empresarios ni la población en general parecen estar dispuestos a aceptar la implementación de una nueva etapa de cuarentena estricta, y al gobierno se le queman los papeles en seguida a la hora de pensar en políticas de fondo para frenar el crecimiento de contagios. Claramente era mucho más fácil cuando se pensaba que se podía controlar la enfermedad inundando las calles de uniformados y restringiendo la circulación.Ahora la apuesta fuerte está puesta en el inicio de la vacunación, habiendo aprobado apresuradamente la vacuna Spuknik V, producida en Rusia, y cuyos componentes y los pasos mismos de su investigación están cubiertos de una niebla de desconocimiento a nivel internacional. Y la de AstraZeneca, que inicialmente había retrasado su producción por efectos secundarios graves en varios sujetos de prueba (con el caso extremo de un muerto en Brasil después de recibir la dosis), y que llegaría a la Argentina de la mano de Hugo Sigman, el mismo empresario que está detrás de la aprobación del trigo transgénico HB4 y de la presión por instalar megafactorías de producción de carne porcina en acuerdo con el gobierno chino (desarrollaremos los detalles del modelo extractivista en otra nota).Con la vacunación, entonces, el gobierno pretende anotarse un poroto a inicios del año 2021, un año de elecciones de medio tiempo, sumamente importante en la posibilidad de la continuidad de la alianza gobernante, y somete para ello, a buena parte de la población nacional, a un experimento sanitario a gran escala.Párrafo aparte merecen los compromisos de la Argentina con los acreedores internacionales.El Frente de Todos, que hizo campaña diciendo que iba a investigar la fraudulenta deuda tomada por Macri y sus aliados, ahora acepta pagar sin chistar hasta el último centavo. Después de la negociación con los buitres vino el FMI, que aceptó dar unos años de gracia, pero a cambio de promover modificaciones en la legislación tributaria, impositiva y laboral del país, y de un férreo monitoreo de las finanzas argentinas.En este punto se inscriben el presupuesto 2021, aprobado hace unas semanas, donde se reduce el porcentaje de dinero destinado a todo lo que podemos calificar de importante (salud, educación, asistencia a los que menos tienen, salarios estatales…). Y la ley previsional aprobada en diputados mientras en el senado se votaba el aborto legal.Después de estar un año entregando aumentos miserables por decreto, los Fernández elaboran una ley de movilidad jubilatoria que contempla, para el ajuste de los haberes, la recaudación tributaria y el crecimiento salarial.Con salarios planchados producto del prolijo accionar de las dirigencias sindicales burocráticas y de un movimiento obrero que no levanta cabeza. Y con una recaudación tributaria menguada a causa de, entre otras cosas, los sucesivos beneficios dados por el propio gobierno a las patronales, particularmente a las calificadas de PyMES. No hay que ser muy avispado para darse cuenta que las jubilaciones no harán sino caer abruptamente en relación a una inflación indetenible. Es interesante el hecho de que, incluso muchos legisladores del Frente de Todos acepten que es una ley que reduciría considerablemente la capacidad de compra de las jubilaciones, tal como escuchamos por parte de la legisladora Mirta Tundis, por ejemplo, del massismo.El presidente, que manifestaba elegir a los jubilados por sobre los bancos, nuevamente demuestra la verdadera naturaleza de sus preferencias económicas.De esta forma, cuando ampliamos la mirada, podemos ver que enviar y hacer votar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es -más allá de los respetos merecidos por parte del movimiento de mujeres que peleó por esto por décadas- para el gobierno, la oportunidad de una salida elegante que le permita, por debajo de la mesa, pasar el ajuste a quienes menos tienen en favor de los patrones de siempre.¿Qué queda por hacer de aquí en adelante entonces?Si algo nos ha enseñado la historia es que las leyes (particularmente aquellas que puedan significar un beneficio para los sectores populares) sólo tienen posibilidad de aplicación en cuanto haya una fuerza de movilización que vele por ello. De hecho, en Argentina, el aborto en caso de violaciones es legal desde 1921 y sabemos que rara vez se logra que se realice en tiempo y forma.Corresponderá entonces, al movimiento de mujeres movilizado, y especialmente a su componente proletario, pelear por el respeto de la decisión de las mujeres y personas gestantes sobre su propio cuerpo.No se puede, como decían nuestras abuelas, dormir sobre los laureles obtenidos, sino todo lo contrario. Que este primer paso dado sea el que impulse a seguir la pelea por ir más allá.No olvidemos que no puede haber aborto legal y gratuito sin salud pública de calidad, con profesionales bien pagos.Está pendiente también la correcta aplicación de la ESI en todas las escuelas del país; y el avance en una educación pública científica y laica, para formar sujetos críticos y libres.Y finalmente, resta no sólo el cese de la financiación estatal de la iglesia católica sino el combate contra toda injerencia religiosa en la vida pública y privada y en la formación de las próximas generaciones.Sólo la organización y la movilización en las calles podrán, aunque sea, plantear estas metas seriamente. Y sobre todo el acaudillamiento del movimiento de mujeres y disidencias por sus sectores representantes de la clase trabajadora, que son quienes nada tienen para perder en este sistema capitalista, y tienen, en cambio, todo un mundo por ganar.

Borrador Definitivo. Periodismo de clase

Revista Disonancia

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