Hace ya algunas semanas, la ciudad de San Nicolás, y particularmente los vecinos y vecinas del Barrio Química de dicha ciudad, sufrieron la explosión de Atanor, una planta productora de agroquímicos. Este hecho aún deja varias consecuencias ambientales de las cuales se desconoce al día de hoy su alcance a largo plazo.
En Borrador Definitivo, así como en otros medios alternativos, hemos cubierto el hecho y podés leer nuestra nota al respecto en ATANOR – Una más y van
Pero somos conscientes de que este no es un hecho aislado sino más bien una consecuencia lógica y esperable del modelo extractivista que, en el centro del país implica el monocultivo con uso de tóxicos, así como en otras partes del país involucra la megaminería o la fractura hidráulica para extraer gas y petróleo. Así es que entrevistamos a Javier Souza Casadinho. Javier es ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAPAL). En libros y ponencias ha investigado, precisamente, cómo los problemas ambientales y de salud pública que trae aparejado al agronegocio, no se circunscriben solo a las zonas rurales cultivadas, sino que involucran los espacios de producción, transporte y comercialización de estos químicos, además de consumo directo de alimentos contaminados. Hecho del cual, ya veremos que la explosión en Atanor es solo una muestra de tantas.
Borrador Definitivo: Javier, te convocamos a partir de la explosión en Atanor, una empresa multinacional y la principal productora de agrotóxicos en la Argentina. ¿Qué primera reflexión te merece esto que paso allí, después de largos años de denuncias de los vecinos, que no fueron escuchadas?
Javier Souza Casadinho: Uno podría pensar: una vez más, una vez más Atanor. Pasó ya en los últimos años, problemas similares, arrojar deshechos al río… Después de las denuncias de todo tipo, de no darle valor a la vida, de ubicar plantas productoras de sustancias peligrosas muy cerca del ejido urbano… Esto es un desastre anunciado. Uno sabe que estas cosas van a pasar, por eso no podemos hablar de accidente, un accidente es algo fortuito, casual. Pero en estas circunstancias no podemos hablar de accidentes, justamente porque estamos viendo las condiciones en que se están produciendo estos químicos, y cómo se expone a la población, cómo se vulneran los derechos humanos a partir de actividades productivas.
Esto es para que reflexionemos juntos, muchas veces se dice que el problema de los agrotóxicos se circunscribe a las áreas rurales, pero ya vemos que en la producción, en el traslado y en la venta se expone a muchas más personas. Y en este caso todo un barrio queda expuesto a estas sustancias químicas que, en este caso es una sustancia ligada al cianuro -el cianurillo- que al contacto con el agua produce emanaciones; ese día estaba lloviendo, el lugar está cerca del rio, vemos como estos factores se van sumando para exponer gravemente a todo un barrio.
Debemos reflexionar sobre varias cosas. La primera es la Atrazina, que es el producto que se vende como un agrotóxico para ser usado en el maíz, en la caña de azúcar y sabemos también que se está usando en la soja, está prohibido en 40 países del mundo, en 40, repito. Es un producto que sabemos que trae problemas endocrinos, que puede traer alteraciones en la reproducción, problemas neurológicos. Pero la actividad agraria ligada al extractivismo lleva al uso de estos productos prohibidos y esto se vincula a áreas urbanas en la producción y el almacenamiento de éstos, y la consecuente exposición de quienes vivan en la zona. Por eso es importante ligar lo urbano a lo rural, las actividades industriales, la actividad agraria, y esta mirada extractivista, de poca consideración hacia los bienes naturales y la naturaleza, donde estamos incluidos los seres humanos.
BD: Leyendo artículos donde tratás el tema, vemos que el caso de San Nicolás no es el primer ejemplo de esto que tenemos en el país.
JSC: Exacto. Hemos tenido problemas de producción de herbicidas en áreas medio urbanas, por ejemplo, en Ituzaingo, provincia de Buenos Aires, con productos químicos ligado a los hormiguicidas. Hemos tenido problemas con la venta: una niña murió en Bahía Blanca por vivir al lado de un puesto de venta de estos productos. Hemos tenido problemas con los transportadores de granos cuando se usaba fosfuro de aluminio; esto se vio mucho en Rosario, San Nicolás: el fosfuro de aluminio produce fosfina y es perjudicial para la salud. Vuelvo a la idea original: estos productos son un problema en la producción, almacenamiento, trasporte, venta y la aplicación; y ni hablar de los desechos que quedan.
BD: Y luego está lo que consumimos en nuestra alimentación.
JSC: Bueno, ese es otro tema. Yo trabajo hace mucho en esa área y es un problema que permanece como oculto, ¿qué pasa cuando consumimos verduras, frutas, a las que se le aplicó plaguicidas y en poco tiempo están para el consumo humano? Es algo a lo que debiéramos prestarle mucha atención: la cantidad de funguicidas que se aplican sobre el tomate, la berenjena, la frutilla, etc. Productos que producen fuertes alteraciones en el ADN de las personas, para ser claros influyen en la ovulación, en la producción de espermatozoides y de allí se traslada a los niños. No quiero meter miedo, lo que uno quiere es informar para luego actuar y demandar que los floricultores, los horticultores, no usen estos productos.
En la medida que esto emerja, que entendamos que el uso de estos productos afecta nuestra salud, esto nos dará más claridad para reclamar porque, como decía al principio, se están vulnerando los derechos humanos. Justo que en estos días se conmemoró un nuevo aniversario del 24 de marzo, y tenemos que saber que, además de los derechos civiles, también hay derechos ambientales, al trabajo digno, a la salud… y también está el derecho a saber las sustancias que se utilizan en el proceso productivo. Debemos repensar esto para restituir un cuadro de respeto. Tenemos derecho a vivir sin tóxicos, somos parte de la naturaleza y deberíamos poder vivir dentro de ella sin problemas, ejercitar actividades productivas lícitas y, lograr, entre todos, no hipotecar el futuro y sobre todo a los niños.
BD: En ese marco, el caso de Atanor se nos presenta como una consecuencia esperable de este modelo productivo agro industrial y de la cadena de complicidades políticas en aplicarlo.
JSC: Exactamente. Uno podría pensar acá que las soluciones son técnicas. No, las soluciones son técnicas pero, fundamentalmente, son políticas. Pensemos en lo que decíamos recién: que en la Argentina se utilicen 40 plaguicidas que están prohibidas en otros lugares del mundo, es una decisión política. No está basado en un criterio que los argentinos somos capaces de resistir más a los plaguicidas. Es una decisión política. Argentina siempre fue un país agrícola, desde los albores de la independencia y también cuando éramos colonia española, pero yo creo que tenemos repensar la matriz productiva de nuestro país, esta mirada extractivista, esta mirada de que el agro tiene que proporcionar divisas, dólares, y que sea a cualquier costo. Y ahí aparecen los cultivos transgénicos, los plaguicidas, y dentro de los plaguicidas, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas… Dentro de una matriz productiva donde se piensa a los bienes comunes naturales: el suelo, la tierra, el agua, el aire, los bosques; como algo que hay que extraer. Esta mentalidad del extractivismo no es nueva, viene de la colonización. Hay que repensarla. Podemos producir granos, cereales, fundamentalmente para alimentar a nuestro país primero, hortalizas, frutas, de manera ecológica; es posible hacerlo. Muchas veces nos quieren hacer creer que esto es imposible y nosotros sabemos que realmente es posible hacerlo.
BD: Y este consenso extractivista es tan poderoso, que atraviesa, durante décadas, todos los gobiernos
JSC: La primera referencia que hay sobre los plaguicidas es un decreto de Aramburu del año ’58, que permite el uso de DDT, entre otros productos que están prohibido hace años; y desde ahí siempre hemos tenido, todos los gobiernos: desarrollistas, militares, justicialistas, radicales, Macri, ahora Milei… esa mirada extractivista, de que hay que producir a costa de… ¿A costa de qué?, a costa de hacer daño a la naturaleza, los seres humanos incluidos.
Muchas veces quedamos en un fatalismo de que tenemos que producir dólares para pagar a los médicos, a los maestros, para los planes sociales; pero sin pensar que se pueden generar ingresos desde una mirada no extractivista. Pero esto va a implicar una transición, salir del monocultivo, y muchas discusiones acerca de cosas que en la Argentina no se han discutido. Repensar la función social de la tierra, repensar juntos qué actividades tenemos que hacer.
Hoy está, por ejemplo, el tema del agua. Yo estuve en La Rioja trabajando y el tema era el agua: cómo accedemos al agua, no solamente para tomar o bañarnos, para regar; hay una complejidad muy grande ahí entre la minería, las actividades industriales, la aparición de lo que se llaman diferimientos impositivos: grandes empresas de producción de aceitunas por ejemplo. Entonces, el agua la tierra, estas cuestiones son importantes que las rediscutamos en nuestro país y no pensemos un camino unívoco, de más producción, exportar más a partir de la extracción de los bienes naturales, usar plaguicida, usar materiales transgénicos… este paquete tecnológico que además, cada vez es más grande y más caro; por eso hay productores que se creen que están en el sistema y que el sistema los expulsa. Porque el sistema implica también una gran concentración en la producción.
BD: Y por esta concentración que mencionas es que esos dólares, que se dice que van a ser para que todos vivamos mejor, en general terminan en las arcas de algunas pocas grandes empresas.
JSC: Obviamente. En cada fase tenemos una concentración muy fuerte de las empresas que producen químicos, que cada vez son menos. Una gran concentración en las empresas productivas. No en vano, entre los censos del año 1988 y el del 2018, en esos treinta y pico de años, desaparecieron casi 300 mil productores en Argentina, algo que los censos lo marcan. Cada vez hay una concentración más grande en las empresas que transforman la producción. Y después, una de las cosas claras es la extranjerización también. Concentración y extranjerización. Y esto va de la mano de esta mirada desaprensiva con respecto a los bienes naturales.
BD: Por contrapartida, esto ha sido resistido y sigue siendo resistido por comunidades y pueblos.
JSC: Sí, la resistencia de las comunidades es muy fuerte. Ante la minería, ante el fracking y ante las actividades agrarias. Recuerdo los casos de las madres de Ituzaingó, un barrio de Córdoba que enfrente tenía una gran zona rural y agraria de monocultivo, que después terminaba usando plaguicidas y contaminando el agua que bebían. La lucha de Malvinas Argentinas, Córdoba, evitando que Monsanto instalara su planta de producción de semillas. Las luchas, muy cerca de San Nicolás, en Pergamino, con las comunidades que buscaron poner una protección, un límite al uso de plaguicida. Las luchas de los pueblos de Catamarca, de La Rioja, para evitar la megaminería, o la lucha contra el fracking en Rio Negro. Hay muchas luchas a nivel socioambiental. Algunas luchas más evidentes que otras. Algunas obteniendo resultados, otras no. Pero todas implican lucha, acción, no solo demostrando lo malo de este modelo sino también mostrando otras perspectivas, otras transiciones productivas que nos permitan satisfacer nuestras necesidades de manera sustentable y sin contaminar los bienes naturales.
BD: ¿Qué reflexión te merece esto que estamos hablando, a pocos días de haberse cumplido un nuevo 24 de marzo?
JSC: Yo tenía 14 años cuando fue el golpe de estado. Nosotros lo sufrimos en nuestra carne. Como les digo a mis alumnos muchas veces: el golpe marcó un cambio muy grande en nuestra vida. Hay que reflexionar juntos esto: la necesidad de ampliar la mirada sobre los derechos. Tenemos que informarnos más, luchar más, conculcar más la idea de tener derechos. Además de los civiles, que son importantísimos y que nos permitan a ustedes y a mí hablar en este momento como lo estamos haciendo, de manera libre; manifestarnos, elegir, protestar, presentar una ordenanza. También hay otros derechos que implican que hoy, muchas veces, tenemos que tomar agua que está contaminada, tenemos derecho a tomar agua limpia; a respirar juntos, aire limpio; a comer alimentos que sean saludables. Y entonces también tenemos que marchar, protestar, pensando en esto que decíamos antes: la dimensión política que tiene la alimentación, gozar un ambiente sano…
BD: Javier, te agradezco muchísimo por esta charla que nos has permitido, y seguramente nos mantendremos en contacto.
JSC: Estoy siempre de acuerdo en conversar porque cuanto más conozcamos de estos temas, más vamos a avanzar hacia lo que muchos llaman “el buen vivir”, tratar de vivir bien, de vivir en armonía y sobre todo de ser felices en este tránsito por la tierra.
