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Reproducimos este texto enviado por José Miguel Bonilla Tortorello, integrante del colectivo de la Revista El Porteño de Valparaíso, miembro de la Asamblea Popular Cerro Alegre de esa ciudad e integrante de los Cabildos Vinculantes Constituyentes. El presente artículo es el primero de una serie que iremos publicando, con la intención de continuar el análisis de la actualidad de la revuelta chilena, a dos años de su nacimiento.     

ANÁLISIS DE COYUNTURA POLÍTICA OCTUBRE 2021. A DOS AÑOS DEL LEVANTAMIENTO POPULAR.

En Chile la ética y la política discurren por camino opuestos. Y los políticos y los empresarios lo saben muy bien. Hasta el momento Chile era visto como la vedette de del experimento neoliberal. El estallido ya no ocupaba titulares en los medios internacionales, era visto como un tema absolutamente de incumbencia interna. Con la aparición del affaire de la empresa Dominga, un proyecto minero, denunciado en los Pandora papers, la imagen de la presidencia colapsa y resurge el rechazo del pueblo a la impúdica corrupción.  La existencia de una tercera cláusula en un contrato de compraventa entre los hijos del presidente y otro conocido empresario que había sido sometido a proceso por otro escándalo por compra de favores políticos, Carlos Délano, hizo caer el telón develando el abultado prontuario de la familia Piñera. Esa desconocida cláusula señalaba que Délano cancelaba la tercera cuota si el presidente ignoraba o impedía sutilmente cualquier cambio en la regulación ambiental en el terreno del futuro proyecto minero. Son demasiados los conflictos de interés de la familia Piñera. Desde su primer escándalo, el fraude con el Banco de Talca, por lo cual Piñera fue condenado con cárcel a fines de los 80, caso por el cual hubo de huir y esconderse siendo salvado por la ministra de Justicia de la Dictadura, pasando por la compra de acciones usando información privilegiada en los casos LAN y Exalmar, la venta de la televisora Chilevisión, etc., etc. Los casos se acumulan por docenas sin reacción alguna de la clase política, mientras el pueblo mira con estupor.

 El 18 de octubre de 2019 inaugura un proceso destituyente y a pesar de que la clase política entre los que están varios de los actuales candidatos, salvó a Piñera el 12 de noviembre 2019, con el llamado acuerdo por la paz, éste posiblemente deba solicitar el helicóptero de rescate. Y no sería el primero. Algunos recordarán un caso parecido allende los Andes. El dictador narciso saldrá por la puerta de atrás o por la azotea portando el pesado fardo de una acusación por faltas de probidad y transparencia. Sin embargo, nadie recuerda los asesinados, más de 400 mutilados oculares, mujeres y hombres abusados, torturadas y torturados y por cierto decenas de presos políticos que aun vegetan como esperpentos en las mazmorras del régimen neoliberal. En Chile, existe la impunidad en los crímenes de lesa humanidad. Es parte del ethos chileno, la vocación de la justicia en la medida de lo posible. Piñera será defenestrado por casos de corrupción. De los crímenes perpetrados por agentes del Estado no se habla. La escena recuerda a Capone tras las rejas por problemas tributarios.

Estamos en el interregno Gramciano, cuando aparecen los monstruos. Solo estamos en la aurora del término de la transición. En las calles, las orgas territoriales comienzan a anunciar tímidamente que están de vuelta. Que la crisis no ha madurado, que el alza de la gasolina, el gas , el encarecimiento de todos los productos básicos, de los créditos personales y de las Pymes, anuncian un nuevo estallido social. Estamos sentado en un polvorín.

PH: Luis Cuello

En Wallmapu, el tirano ha decretado estado de excepción, lo que confiere la autoridad para invadir con el ejército los territorios ancestrales, sobre la base de decenas de actividades de recuperación, quema de casas y maquinarias de las empresas invasoras dedicadas a los monocultivos de eucaliptus y pinos, que han envenenado la tierra. Pero hay organizaciones sólidas que plantan cara al enemigo como la CAM (coordinadora Arauco Malleco), Alianza territorial lafkenche y otras, actuando en forma autónoma. La cuestión de la insurrección mapuche es de larga data, sus raíces más recientes se hunden en la profundidad de la década de los 90 cuando los gobiernos neoliberales se jactaban de la expansión monetaria y el crecimiento y donde todos nos empezábamos a acostumbrar a hacer bicicletas con las tarjetas de crédito. Por ese tiempo el problema mapuche era un eco lejano. Como si viniese de otro planeta. Cada día que pasa las comunidades mapuches recuperan mayor cantidad de terrenos usurpados a sangre y fuego por el estado chileno. Esto es una realidad innegable, y las actividades de sabotaje son el cotidiano en el Wallmapu. Los estados de excepción están condenados al fracaso, como ha ocurrido desde el inicio de la república. La solución es política, no militar.

En lo que a carrera presidencial comprende, decir que hay ocho aspirantes a la Moneda, todos con conflicto de interés, excepto el que va puntero, un hijo de la Concertación que gobernó por 20 años, Gabriel Boric , quien tuvo un inesperada votación  al derrotar a su compañero de lista , el comunista Jadue. En la Derecha, por su parte, su abanderado Sichel , candidato del oficialismo, enfrenta conflicto de intereses al haber ejercido como lobista de empresas del gas, y que por su extrema derecha se encuentra flanqueado por el fascista Kast, éste último una versión populista al mejor estilo Bolsonaro, Trump, Le Pen. Kast se apronta a drenarle una cantidad sustantiva de votos y se encuentra ya en segundo lugar tras el favorito de la izquierda, Boric. En el centro, la candidata democristiana, apoyada por Merkel, Yasna Provoste, presidenta del Senado, una mujer de raíces diaguitas, le cierra el paso a su vez a Sichel para que no crezca hacia el centro. Si ella logra que el Senado vote a favor de un cuarto retiro de la AFP, probablemente llegue al podio. No es utópico pensar que finalmente se de un inédito balotaje entre ella y Gabriel Boric. Todo está muy líquido como señalan muchos analistas.

En otro plano, la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva Constitución para reemplazar aquella de la Dictadura que consagraba la hegemonía del privado sobre lo público, el hiperpresidencialismo y el centralismo exacerbados, acaba de publicar el reglamento tras 3 meses de discusión. Hay que recordar que posterior al levantamiento de las masas aquel 18 de octubre de 2019, provocó un remezón en la clase política que vio amenazado su espacio de confort por lo que discurrió rápidamente una brillante idea para burlar el ascenso de hasta ese momento un actor que parecía dormido pero que producto de la explotación hizo temblar las bases del régimen. La casta parásita inventó un acuerdo por la paz y un plebiscito para generar una nueva constitución. Fue ese el momento que favoreció al régimen y sostuvo hasta hoy al asesino de la Moneda. El acuerdo de nueva carta magna se firmó con letra chica: para resolver la redacción del articulado se acordó que fuese con el quorum supra mayoritario de 2/3, y el respeto irrestricto a los tratados de libre comercio. Respecto a ese quorum, las izquierdas al interior de la convención fracasaron en su intento de rebajarlo a 3/5 ya que fueron derrotadas por sectores unidos de los partidos políticos de la antigua concertación, el Frente amplio, Independientes no neutrales y por cierto la derecha que siempre estuvo por rechazar la nueva constitución. Uno de los nudos centrales y que nos involucran a aquellos que trabajamos en territorios es la discrepancia que ha surgido respecto de los mandatos vinculantes. Estos mandatos vinculantes es una iniciativa de Cabildos Vinculantes Constituyentes, organización virtual que acoge a cabildos y compañeros que asisten en forma individual a los encuentros virtuales. Se hizo una propuesta a la Convención de que los mandatos o iniciativas del soberano o sea del pueblo se introdujesen directamente en la Constitución, sin pasar por la compleja trama burocrática de comisiones y plenarios. Para ese efecto propusimos que las mociones fuesen apoyadas por 3,5 millones de firmas virtuales a través de un código o clave única. Sin embargo, fuimos derrotados y se impuso la caja negra de la convención que se reserva el derecho de hacer la sistematización de las iniciativas populares. En subsidio la Convención constitucional ha reemplazado esto por encuentros territoriales, cabildos, buzones, etc., donde sabemos que serán insumos que recogerán desde las bases pero que no aseguran en modo alguno que los mandatos de la gente lleguen intactos a la constitución.

Chile se apresta para conmemorar el segundo aniversario del estallido. El llamado es a la huelga general, a derrocar el régimen, a liberar a las decenas de presos políticos que purgan sin juicios y en prisión preventiva, figura de la cual se ha abusado al extremo, y a encarcelar a Piñera y a sus epígonos. Queremos que no sea un día normal. Nosotros el pueblo tenemos la última palabra.

José Miguel Bonilla Tortorello
Asamblea Popular Cerro Alegre de Valparaíso, Chile
Cabildos Vinculantes Constituyentes

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