Seguimos con las notas para conocer más sobre la realidad chilena y profundizar los interrogantes que nos hacíamos en el artículo : ¿Podrán los trabajadores y el pueblo chileno aprovechar la derrota electoral del gobierno para imponer una salida obrera y popular? La nota que reproducimos a posterior, fue publicada originalmente en el portal El Porteño, a cuyos editores agradecemos la autorización para su publicación.
Nota original: De la coyuntura electoral a la recuperación de la iniciativa popular – El Porteño
Por Igor Goicovic
17/05/2021
La crisis del Sistema de dominación inaugurada por la revuelta popular de octubre de 2019 continúa abierta y, cada vez, con un desenlace más incierto. Los resultados de los diferentes eventos electorales (convencionales, gobernadores, alcaldes, y concejales), convocados para el fin de semana del 16 y 17 de mayo de 2021 así lo ponen de manifiesto. Algunos antecedentes son, sin lugar a dudas, evidentes. A nivel de los convencionales constituyentes la derecha, agrupada en la Lista Vamos por Chile, obtuvo solo 37 de los 155 cupos disponibles. Pero la suerte de otros partidos tradicionales, como la Democracia Cristina (2) o el Partido Radical (1), no fue muy diferente. Solo el Partido Socialista, que integraba con los anteriores la Lista del Apruebo, escapó a esta tendencia alcanzando 15 representantes. Por su parte, la autodenominada izquierda progresista (Lista Apruebo Dignidad), eligió 28 convencionales, entre los cuales destacan los cupos obtenidos por Revolución Democrática (9), el Partido Comunista (7) y Convergencia Social (6). Descontados los 17 escaños correspondientes a los pueblos originarios, los restantes 48 cupos corresponden a una amplia y heterogénea gama de candidatos independientes, entre los cuales destacan los 22 convencionales electos por la Lista del Pueblo. Un escenario muy fragmentado que no permite, a nadie, sacar cuentas alegres respecto del texto que se debiera plebiscitar (en una fecha indeterminada), 60 días después de la entrega de la propuesta por parte de la Convención Constitucional.
La derecha, sin duda el grupo más golpeado en este evento, no alcanzó el tercio de los convencionales que se requería para bloquear aquellas reformas que viene exigiendo desde hace años el movimiento popular: Consagración de los derechos civiles, sociales y políticos, redistribución de la riqueza, nacionalización de recursos naturales, protección del medio ambiente, plurinacionalidad, etc.
No obstante, la representación de los intereses de las clases dominantes hace también mucho tiempo que dejó de ser monopolizada por este grupo, de manera que la defensa del entramado institucional del actual sistema de dominación también correrá por cuenta de algunos convencionales de las listas del Apruebo y de Apruebo Dignidad. Es más, muchos de los actuales convencionales “independientes” poseen trayectorias políticas que permiten presumir que estarán disponibles para concurrir con sus votos a la contención de las reformas más radicales. Suponer, en consecuencia, que la sumatoria de convencionales de las listas del Apruebo, Apruebo Dignidad, Independientes y Pueblos Originarios (118), nos conducirá inexorablemente a la profunda transformación del actual sistema institucional, constituye una ingenuidad. Las clases dominantes están, sin lugar a dudas, muy golpeadas, pero han demostrado históricamente y sin ir más lejos, en el pasado reciente (Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019), su gran capacidad de reacción y su comunidad de intereses en la defensa de sus privilegios. El enemigo está debilitado, pero en ningún caso se encuentra derrotado.
De hecho, si observamos los resultados de los restantes procesos electorales, el escenario se matiza bastante. En las elecciones de gobernadores regionales el Pacto Chile Vamos vuelve a tener un desfavorable resultado electoral (19,4% de los votos), pero coloca en la segunda vuelta de esta elección a 9 candidatos en 16 regiones. El pronóstico para los mismos no es bueno, pero releva que siguen contando con un importante caudal electoral. Pero los candidatos de quienes han administrado el sistema desde comienzos de la década de 1990 no es tan malo como en la Convención Constituyente. La Lista Unidad Constituyente, que agrupó al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Socialista y al partido por la Democracia, obtuvo un 25,9% de los sufragios, eligió en primera vuelta a dos gobernadores (Aysén y Magallanes) y logró colocar, con altas expectativas de ser electos, a 11 más en segunda vuelta. El Frente Amplio, a su vez, logró elegir de forma directa al gobernador de Valparaíso y aspira a ganar en segunda vuelta en Tarapacá y Santiago. Los independientes, en este caso, aparecen mucho más disminuidos. No ganan en primera vuelta ningún cargo de gobernador y posicionan solo tres candidaturas en segunda vuelta. En un caso (Atacama), se trata de un ex militante socialista, en otro (Maule), de un abogado especializado en temas de seguridad ciudadana y, por último (Bio Bío), de un ex militante de la Democracia Cristiana.
Pero mientras en convencionales y en gobernadores, la representación política de la élite tradicional se ve desmejorada, a nivel local es decir desde donde se construye el poder político de los territorios, el escenario se ve bastante más favorable. De acuerdo con las cifras preliminares disponibles, los partidos de la ex Concertación, agrupados en dos listas diferentes (Unidad por el Apruebo, liderada por el PS y Unidos por la Dignidad, liderada por la DC), eligen 128 alcaldes de los 345 posibles. De hecho, la Democracia Cristina sigue siendo el partido político con más alcaldes electos (46). Más atrás se ubica Chile Vamos que logra elegir alcaldes en 88 municipalidades. Mientras que las listas restantes, Chile Digno, Verde y Soberano (que incluía a los comunistas), Frente Amplio y Dignidad Ahora (el movimiento liderado por la parlamentaria Pamela Jiles), lograron elegir a 24 alcaldes. Las candidaturas independientes, a su vez, eligieron a 105 alcaldes, pero en este caso una parte importante de los candidatos vienen precedidos de largas trayectorias políticas en los partidos tradicionales, tanto de la ex Concertación como de Chile Vamos.
Cabe señalar, además, que en esta oportunidad la participación electoral cayó significativamente respecto del plebiscito de octubre de 2020. Efectivamente, en esta ocasión solo participó un 43,35% del universo total de electores. Es más, en algunas comunas populares de la región metropolitana, esa participación se sitúa bajo el promedio nacional: La Pintana (36,3%), San Bernardo (37,0%), Independencia (37,9%), Estación Central (38,2%), El Bosque (38,7%), Recoleta (comuna liderada por el precandidato presidencial del PC, 40,0%), Lo Espejo (40,9%), Conchalí (41,1%). La situación de pandemia que afecta al país, la multiplicidad de eventos electorales convocados al mismo tiempo, la escasa claridad respecto de las propuestas subyacentes a cada evento y una tendencia sistemática a la desafiliación institucional que se arrastra desde las elecciones presidenciales del año 2000, explican, en buena medida, esta falta de interés por el proceso.
Es importante destacar que ningún grupo o analista radical (entre los cuales me incluyo), puede atribuir esta desafiliación a la agitación política realizada por la franja del activo social y político que optó por autoexcluirse de este proceso. Para nada. Las mismas dudas y suspicacias que una parte importante de la población tiene con la élite política tradicional, las tiene, a su vez, respecto de los grupos revolucionarios.
Eso nos obliga a reflexionar ya no solo sobre la coyuntura electoral, sino que en términos más amplios sobre la situación política y la actual correlación de fuerzas. Es evidente que el adversario, las clases dominantes y sus representantes políticos, se encuentran muy debilitados. Pero no es menos efectivo que esa debilidad es extensiva al campo de los actores sociales y políticos revolucionarios.
Los sectores populares no han llegado a la Convención Constitucional con un programa común. Quienes han accedido a esta instancia, y asumen la representación de los sectores populares, solo comparte un diagnóstico: “Esto es lo que no queremos”. Pero no comparten una plataforma constitucional que sea capaz de convertirse en una opción para los trabajadores y el pueblo. Siendo así, y más allá de la buena voluntad o consecuencia de los convencionales populares, se puede terminar sancionando un texto constitucional (consenso), que no recogerá el conjunto de expectativas del campo popular.
En la suscripción de este acuerdo, incidirá de manera importante la capacidad de adaptación y negociación que logren desarrollar los convencionales provenientes de Chile Vamos, la ex Concertación y el Frente Amplio, disposición que ya muchos de sus dirigentes se han apresurado a señalar.
Precaverse de estas maniobras y acompañar el proceso constitucional con una movilización sistemática y permanente aparece como un requerimiento fundamental. Pero también es fundamental que los sectores populares se agrupen y discutan las propuestas constitucionales que se llevaran a la Convención. Solo la articulación de un Programa de cambios radicales y con un estado de movilización permanente nos permitirá convertir esta instancia en un campo de acumulación de fuerzas efectivo.
Se debe asumir, además, que el actual escenario Convencional es una experiencia por la cual ha optado una franja importante de los sectores populares y no podemos permanecer indiferentes al respecto. Ello no significa validar todos y cada uno de los procesos electorales a los cuales se nos convoca, y mucho menos legitimar a quienes pretenden convertirse en representes de los más humildes, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Se trata de convertir esos eventos electorales en parte de un proceso de acumulación de fuerzas que nos permita transformarnos efectivamente en alternativa de poder. En ese punto es necesario articular la participación en la Convención Constitucional (que ya es un hecho político), con la movilización permanente y radical. Pero es imprescindible darle objetivos claros a esa movilización y es necesario, además, escalar en el desarrollo de las diferentes formas de lucha. Eso significa acompañar el debate constitucional con la movilización del pueblo, pero no solo a efectos de imponer un texto constitucional que refrende las expectativas de los sectores populares, sino que se proponga como objetivo profundizar la derrota de las clases dominantes y, sobre esa base, configurar un horizonte de poder en el cual los trabajadores y el pueblo se conviertan en dueños de su propio destino.
Ello exige que tanto en nuestros territorios (espacio local), como a nivel sectorial (organizaciones sindicales, estudiantiles, ambientales, feministas, etc.), seamos capaces de agitar el proyecto del pueblo. Un decálogo que reúna tanto las reivindicaciones que se han venido instalando estos últimos años, como las orientaciones económicas, sociales, políticas y culturales a partir de las cuales edificaremos una nueva sociedad. Para ello es necesario fortalecer la organización popular, como espacio de debate y discusión, y como instancia de agitación y movilización. No se puede hipotecar la fuerza del pueblo en la Convención Constitucional.
Es necesario convertir nuestros espacios de organización y lucha en espacios deliberantes y, desde ellos, transformar el espacio convencional en una asamblea Constituyente, Democrática, Libre y Soberana. Los resultados de la actual coyuntura electoral son una oportunidad política, a la vez que la Convención Constitucional no es un fin en sí mismo. Pero a partir de la actual situación de debilidad relativa de las clases dominantes debemos avanzar hacia la formación de aquellas instancias de poder, de poder popular, que nos permitan desplegar con toda su fuerza y energía el vendaval popular que debe transformar no solo la institucionalidad política, sino que refundar desde sus bases a la sociedad chilena.
Quilpué, 17 de mayo de 2021
