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A través de una carta dirigida al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, TraCES se manifestó categóricamente en contra de la exploración sísmica sobre el Mar Argentino y la posterior explotación petrolera off shore.


El texto de la carta abierta es un verdadero informe de las consecuencias y los riesgos de esta actividad que, según manifiesta este grupo de profesionales: “pone en grave riesgo no sólo el ecosistema marino y la biodiversidad marina que allí reside sino el trabajo de las personas que nos vinculamos con la misma desde diversas actividades, relaciones y profesiones”.

Al mismo tiempo, hacen un llamamiento a la comunidad en general, “a estar informada y en permanente estado de movilización dado que consideramos que:

  1. Una actividad de este tipo no cuenta con licencia social dado que, por definición y de acuerdo a las características intrínsecas que posee el tipo de exploración (y que enunciaremos más abajo), no puede ser social ni ambientalmente sustentable.
  2. El proyecto aprobado por Resolución 436/21, no respeta los compromisos internacionales a los que Argentina suscribió, como el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus metas de AICHI, el acuerdo de Escazú, entre otros.
  3. Una de las especies más emblemáticas de nuestro país, la ballena franca austral, declarada Monumento Natural en 1984 (Ley Nacional N° 23.094/84) es una de las especies que se vería afectada por el gran impacto de las explosiones sísmicas, debido a las características de su sistema auditivo, el cual presenta una alta sensibilidad a los sonidos. Estudios concluyentes de ballenas francas demuestran la declinación de su población por el disturbio sonoro producido por la actividad humana. Monumento Natural, es la máxima protección que nuestro país otorga a esta especie en términos de conservación”.

Posibles consecuencias ambientales y sociales

En otra parte del texto, señalan que: los estudios de impacto ambiental en materia de extracción de hidrocarburos en alta mar, son sesgados en general temporal y espacialmente. Suelen estar focalizados en una región específica muy restringida (solamente donde se realizaría la explotación), en relación a la magnitud de la contaminación acústica ocasionada y no contemplan los efectos del sonido a largo plazo. Por otro lado, podemos agregar que siempre se contemplan los daños fisiológicos, físicos o comportamentales en muy poca cantidad de especies”.

Mientras que también destacan una cuestión que viene siendo muy denunciada por las poblaciones de las ciudades costeras, donde la pesca (tanto industrial como artesanal), como la actividad turística, representan una parte importante del sostén económico de miles de familias:

“Desde el punto de vista socio-ambiental no son claras -y sí alarmantes- las posibles consecuencias de la exploración sísmica sobre los recursos ictícolas (peces) y el consecuente impacto sobre la pesca comercial y artesanal de la región. Existen antecedentes en el Golfo San Jorge del impacto que tuvieron las prospecciones sísmicas para la búsqueda de hidrocarburos motivo por el cual, la Legislatura de Santa Cruz votó la inhabilitación de la registración sísmica en el mar. El cuerpo legislativo consideró que estaban confirmados los cambios de comportamiento de varias especies, entre ellas la merluza y el langostino en las tareas de exploración, lo cual afectó cuantiosamente la actividad pesquera provincial generando graves daños sociales y económicos al sector de la pesca y todo su personal asociado. La actividad turística, eje histórico y vigente de la economía regional tampoco fue considerada a la hora de evaluar posibles impactos de la exploración. Estas dos omisiones nos llevan una y otra vez a cuestionar el mencionado Plan de Gestión Ambiental ya que el mismo se reduce al control y la fiscalización por parte de la Secretaría de Energía, sin incluir otras áreas implicadas de forma directa en la problemática (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Turismo, entre otros)”.

Debido a la forma en que se desarrolla la exploración sísmica y a cómo viaja el sonido en el agua (medio más denso que el aire), manifiestan que los sonidos producidos por las exploraciones llegan a percibirse hasta una distancia de 3.000 kilómetros de distancia, sin poder prever tampoco cuál será el comportamiento de la onda sonora.

“El que estos disparos se detecten hasta 3.000 km de distancia desde su origen –sigue diciendo la carta- implica que los van a poder escuchar animales dispersos en toda la costa atlántica argentina, uruguaya, en Brasil (hasta Rio de Janeiro) y, al sur, en lugares tan remotos como las Islas Malvinas, las costas de Tierra del Fuego y la Península Antártica”.

Al mismo tiempo, ponen el foco en un tema que también ha estado en discusión en asambleas y manifestaciones contra este tipo de explotaciones:

“… nos preguntamos si el Estado tiene los recursos suficientes y necesarios, para realizar esta tarea considerando que, según Milko Schvartzman (especialista en conservación marina y parte del equipo del Círculo de Políticas Ambientales), todos los días hay 550 barcos poteros extranjeros extrayendo calamar de forma ilegal a lo largo de la milla 200. Situación que lleva cantidad de años sin poder fiscalizarse y, mucho menos, controlarse. La realidad es que la capacidad que tiene el Estado argentino para ejercer su soberanía en forma plena sobre los bienes o patrimonios vivos y no vivos en su plataforma marina es altamente cuestionable. Ni hablar de la regulación de las actividades que allí se llevan a cabo.

Conclusión

El escrito presentado cierra renovando su oposición a la exploración sísmica, como así también a las otras manifestaciones de la política extractivista que sostiene el estado nacional:

“Por todo lo descrito, consideramos fundamental no sólo exigir el cese de las exploraciones sísmicas en el Mar Argentino sino que se considere fundamental y prioritario en la agenda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar un Programa en miras a la gestión del ruido antropogénico proveniente de buques mercantes, poteros, cruceros y demás embarcaciones que ya están presentes en la región a diario y que de por sí, contribuyen a la contaminación acústica marina con las maquinarias que utilizan para desplazarse. Los organismos que hoy existen en el Mar Argentino ya están afectados por la contaminación acústica presente y la realidad es que no se invierte en el estudio de este fenómeno, lo que conlleva a desconocer la salud de nuestros ecosistemas marinos y la salud de los organismos que residen en áreas explotadas de la plataforma.

[…]

consideramos la urgencia de una revisión institucional sistemática y rigurosa de los modelos extractivistas impuestos a partir de un orden global dinámico que traduce la naturaleza y la salud de los territorios en meros ‘recursos’ de un sistema considerado ajeno (el mundo natural) disponible para ser apropiado, usado y explotado por el ser humano. Es nuestra responsabilidad como TraCES denunciar las políticas extractivistas por ser causa directa del grado de degradación y daño socioambiental que sufren los territorios (terrestres y marinos), que se imprimen en políticas públicas y privadas devastadoras para los equilibrios ecológicos, que generan modificaciones irremediables, extinciones masivas, crisis sanitarias, contaminación, destrucción de hábitats imprescindibles para la vida en la tierra, además, de generar pobreza, inequidad social y disminución abrupta de la calidad de vida de las personas. Si bien somos realistas y entendemos que es imposible acabar con la dependencia a los hidrocarburos de la noche a la mañana, consideramos que es el Estado quien tiene la responsabilidad de impulsar y planificar esta transición inclusiva y equitativa que garantice la salud socioambiental a corto, medio y largo plazo”.

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